Finalmente las causas por los súper-autos diplomáticos podrían unificarse en el fuero penal económico. Es porque el juez Jorge Brugo, que sigue el caso por el delito de contrabando agravado, le pidió a su par del fuero federal, Norberto Oyarbide, que se apartara y dejara el expediente en sus manos, ya que él está investigando el delito más importante, por el cual los imputados podrían ser condenados a entre cuatro y diez años de prisión. Actualmente, María Romilda Servini de Cubría está reemplazando a Oyarbide, quien se encuentra de vacaciones, por lo que el pedido de Brugo debería resolverse cuando el juez vuelva de su licencia.

Cuando Servini de Cubría se hizo cargo del juzgado realizó un pedido de certificación para que se revisara si el objeto de la investigación era el mismo en ambas causas, lo que indica que desde los tribunales de Comodoro Py compartirían la idea de que no tiene sentido continuar con las actuaciones de los dos jueces por separado. El delito que investiga Brugo consiste en el ingreso de bienes al país, en este caso los súper-autos, con maniobras para no pagar los gravámenes correspondientes y se considera agravado por tratarse de funcionarios públicos del área de Ceremonial de la Cancillería.

El juez en lo Penal Económico mantiene el secreto de sumario y ya ordenó 27 allanamientos entre concesionarias, oficinas, domicilios particulares y estudios profesionales en los que busca encontrar la ruta que recorrieron los autos hasta llegar a su último dueño. Actualmente está analizando, junto a la fiscal María Luz Rivas Diez, toda la documentación secuestrada y no se descarta que ordene la detención de algunos de los protagonistas. Los tres intermediarios investigados son Pablo Rodríguez, señalado como el principal operador, Néstor González y Gregorio Briongos, quienes funcionaban de vínculo entre los compradores argentinos, los diplomáticos y los funcionarios de Cancillería. También están bajo el ojo de la Justicia las concesionarias como Minujen, Manrique Automotores o Machines, que ya fueron allanadas y algunos titulares de los vehículos, en especial los que obtuvieron el auto cuando recién se lo había ingresado al país.

La semana pasada la Oficina Anticorrupción pidió que se citara a declaración indagatoria al ex funcionario de la Cancillería Jorge Matas –el primero en ser desplazado luego del escándalo– porque consideró que hay “sospechas fundadas” de que su esposa se habría beneficiado con el sistema de franquicias diplomáticas al adquirir un Audi A4.

Antes de su licencia Oyarbide había solicitado a la Corte Suprema de Justicia que se hiciera cargo de la causa porque estaban involucrados embajadores de otros países, aunque finalmente el máximo tribunal determinó que no existía “ningún elemento de prueba que permita señalar una eventual responsabilidad de alguna persona miembro de una representación diplomática acreditada ante nuestro país”. A diferencia de Brugo, Oyarbide investiga tres delitos, el de negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones, defraudación agravada por haber sido en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.