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Hoy al mediodía el bloque de diputados del justicialismo decidirá si vuelve a solicitar una sesión especial para desactivar el juicio político a la Corte Suprema. Entre algunos integrantes de la mesa de conducción hay dudas: “No queremos pasar otro papelón, insistiremos cuando el duhaldismo y el menemismo garanticen su gente en las bancas”, repiten. Mientras tanto, esperan que el Poder Ejecutivo les imprima mayor energía a las negociaciones con los gobernadores radicales para que modifiquen la posición de los diputados de la UCR.
El fracaso del jueves de la semana pasada todavía le pesa a buena parte de la conducción de la bancada oficialista. Ese día, Humberto Roggero, presidente del bloque, había solicitado a la presidencia de la Cámara que pasara lista de los diputados ausentes. La propuesta no prosperó por la presión de los mismos justicialistas que promovían el debate. En las bancas muchos legisladores de estos sectores ni siquiera estaban en el edificio del Parlamento. Esto llevó al cordobés a dudar de la conveniencia de insistir nuevamente con el pedido. Su posición es compartida por otros miembros de la conducción parlamentaria. Ahora es responsabilidad del presidente del cuerpo, Eduardo Camaño, garantizar que los que no estuvieron en la fracasada sesión lo hagan el próximo jueves.
Camaño no será el único que deberá trabajar para garantizar la participación de la tropa propia. Desde la conducción del bloque esperan que el Ejecutivo haga lo mismo con los gobernadores radicales. Creen que la única manera de convencer al bloque de la UCR –que hasta ahora cerró todo canal de negociación– es a través de los mandatarios provinciales de su mismo partido, más proclives a acercarse al Gobierno.
Esta es una posibilidad que manejan en la conducción de los diputados radicales. “Es una herramienta que seguramente utilizarán”, reconocen los legisladores de este sector. Hasta tanto ello ocurra, todavía se mantiene la idea de no sentarse en las bancas. Pero su convicción es día a día menos firme. Viene reduciéndose desde que el ex presidente Raúl Alfonsín, la semana pasada, expresara que en medio de la situación actual es peligroso mantener abierto el juicio a los cortesanos. Por estas horas sus correligionarios analizan la posibilidad de devolver el dictamen acusatorio a los nueve supremos a la Comisión de Juicio Político. La intención es retocar el dictamen para que en vez de juzgar a la totalidad de la Corte, el juicio sea dirigido a los cinco de la mayoría automática y al menos uno del resto de los miembros del alto tribunal. No lo dicen, pero es una forma de desactivar el proceso.
El menemismo, como era de esperar, es el único sector del PJ que no tiene dudas y quiere que la bancada reitere su pedido de sesión especial. Al mismo tiempo comenzó a operar para conseguir el apoyo del resto de la bancada a su intención –a modo de presión– de frenar el trabajo en la Cámara baja. Camaño no acuerda con esta posición, pero tampoco se esmera mucho por desactivarla, sobre todo porque en estos días la Cámara debe resolver el proyecto sobre la renegociación de las tarifas que prevé la potestad de los diputados de aprobar o rechazar el acuerdo que logre el Ejecutivo con las empresas privatizadas de servicios. El duhaldismo no está de acuerdo con este proyecto, que pertenece, entre otros, a diputados del PJ, y en la última sesión ordinaria donde estaba por debatirse el tema, los legisladores que responden al presidente Eduardo Duhalde se levantaron y dejaron al recinto sin quórum.