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Las casi 1300 guarderías privadas de la Ciudad de Buenos Aires, que hasta ayer sólo debían cumplir ciertas condiciones edilicias para ser habilitadas, serán controladas y supervisadas a partir de ahora por la Secretaría de Educación porteña, de acuerdo a la ley sancionada por la Legislatura y reglamentada por el Ejecutivo local. Según el secretario del área, Daniel Filmus, “con esta medida el Estado asume la responsabilidad de garantizar calidad en la supervisión pedagógica y en el trabajo que desarrollan los docentes”.
El escaso control de las guarderías infantiles en la Ciudad de Buenos Aires se hizo público hace casi 3 años, cuando comenzaron a aparecer casos de maltrato a menores. El más conocido fue el de La Casa de Ana, que derivó en un proceso judicial por supuesto trato violento de sus directivos para con los chicos. Estas instituciones eran habilitadas por la Dirección de Verificaciones y Habilitaciones de la Ciudad de Buenos Aires, que solamente tenía en cuenta las condiciones edilicias donde funcionaban los jardines. Gracias a la reglamentación de la ley 621, aprobada en 2001, el control alcanzará ahora a los jardines maternales o infantiles privados –a los que concurren niños de 45 días a cinco años de edad–, y a las guarderías o jardines de infantes de obras sociales y fábricas.
La reglamentación establece que las instituciones deben contar con seguro de responsabilidad civil a favor de los niños y el personal, servicio de emergencias médicas, botiquín de primeros auxilios, teléfono de red fija, entre otras medidas. Para la correcta alimentación de los niños, los establecimientos deberán respetar las recomendaciones dietéticas formuladas por el National Research Council, de Estados Unidos, u otras homologadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El director general de Educación de Gestión Privada, Gerardo Suárez, informó que “el empadronamiento de los jardines se iniciará el 7 de octubre próximo y se extenderá por 180 días”. Luego de que todas las instituciones se inscriban, se iniciará un período de supervisión por parte de las autoridades educativas para determinar si estos jardines se ajustan a la ley, y obtienen una habilitación provisoria o definitiva.