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Arde Corrientes. El fiscal de Estado de esa provincia, Armando Aquino Barrios, denunció por el presunto delito de sedición a un diputado nacional y al presidente del Superior Tribunal de Justicia provincial, a raíz de escuchas telefónicas que demostrarían una presunta maniobra para deponer al gobierno provincial. El funcionario también denunció un supuesto “tráfico de influencias” porque esa operación tendría también como objetivo liberar al ex gobernador correntino “Tato” Romero Feris.
La acusación apunta al diputado nacional José Rodolfo Martínez Llano y al titular de la Corte provincial, Fernando Augusto Niz, quienes, según esas escuchas reproducidas por diversos medios de comunicación, habrían urdido “un mecanismo tendiente a obtener una sentencia favorable” en la causa por la excarcelación de Raúl Romero Feris, tal como consta en la denuncia a la que Página/12 tuvo acceso. El fiscal de Estado basó su presentación en una denuncia que recibió el 5 de septiembre firmada por un centenar de ciudadanos correntinos y originada en las escuchas telefónicas. “El diputado Martínez Llano estaría, con sus interlocutores, urdiendo un mecanismo ilegítimo para desplazar de la conducción del Ejecutivo provincial al actual gobernador y vicegobernador, Horacio Colombi y Eduardo Galantini, y además, de manera previa, ‘voltear comunas del PANU’”, sostiene el fiscal en su presentación.
En cuanto a Romero Feris, la denuncia menciona un presunto “mecanismo tendiente a obtener una sentencia favorable en la causa de externación a favor” del ex gobernador. Ese supuesto procedimiento estaría “provocando vicios en la voluntad de los magistrados, circunstancia que tornaría nula dicha decisión”. Aquino Barrios estimó que “mediante mecanismos espúreos se pretendería deponer alguno de los poderes públicos de la provincia”. Ayer, Radio Mitre difundió una conversación en la que Raúl Romero Feris le dice a su hermano José Antonio que su idea “era primero tumbar todo y después sentarlos a negociar a todos estos”. Según aclaró Aquino a esa emisora, “tumbar todo significa que caigan todos los jueces propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar la Cámara del Crimen y los juzgados de instrucción”.