En los próximos días Roberto Porretti sabrá si queda preso o sigue en libertad. Durante una hora, su abogado intentó ayer convencer a los tres integrantes de la Cámara de Apelaciones de Dolores, a viva voz, de la inocencia del intendente de Pinamar, acusado de extorsión. Y descargó culpas en los denunciantes. “Todo esto es una conspiración política –dijo José Ochoa– armada por los que no pudieron quedarse con el sillón del intendente a través de las urnas.” En su estrategia, Ochoa pidió la nulidad de las pruebas, el cambio de calificación de extorsión a cohecho y la apertura de nuevas investigaciones sobre los empresarios.

Durante 60 minutos ante los jueces, Ochoa tuvo que repetir in voce la ampliación del pedido de eximición de prisión para el intendente. El trámite, que es un procedimiento normal para quienes pueden quedar detenidos, lo mantuvo atento a las preguntas que, unas tras otras, fueron haciendo los jueces Jorge Dupuy, Fernando Sotelo y Susana Yaltone.

En sus palabras, el eje de la presentación consistió en tratar de demostrarles a los jueces que la denuncia de extorsión por 175 mil pesos responde a intereses políticos.

“Para nosotros está claro que esto es una cama”, repitió el abogado más tarde a Página/12. “Lo demuestra la presencia de los dos concejales que nunca hubiesen podido ganar por las suyas, pero estuvieron en una reunión con los denunciantes antes de la presentación judicial.”

Ochoa habla de una reunión entre los dueños de los boliches Ku y El Alma, autores de la denuncia, y dos concejales del PJ de Pinamar que acompañaron a Porretti en las últimas elecciones y ahora piden su renuncia. Son Rafael De Vito, presidente del Concejo Deliberante y candidato natural a ocupar la intendencia, y Víctor Pardo. Lo que para unos fue parte de un contacto natural (ver aparte), para Porretti fue la antesala de un pacto político.

Los denunciantes “estuvieron 45 días trabajando todo esto: si te extorsionan en diciembre y te da tanto miedo, no hacés todo en cámara lenta”.

Más allá de las razones, la hipótesis de la conspiración política no basta en la Justicia: Porretti tiene que demostrar no sólo que le tendieron una cama, sino, y en todo caso, por qué se acostó. Como los abogados lo saben, pidieron la “nulidad” del primer procedimiento para echar atrás toda la causa y exigieron una recalificación. Para el primer punto dicen que cuando la fiscalía ordenó la detención de Porretti no tenía las imágenes originales, sino una copia. Además, pidió el cambio de la imputación de “extorsión” por la de “cohecho” para evitar, por lo menos, que el intendente quede preso, dado que el delito de extorsión tiene una pena prevista de 3 a 8 años de prisión, mientras que el de cohecho prevé de 1 a 5 años y, por lo tanto, es excarcelable.