Justo cuando la parapolítica se estaba poniendo pesada, apareció la “farcpolítica” en Colombia. El fiscal general Mario Iguarán anunció ayer que investigarán a más de diez legisladores, periodistas y activistas sociales de Colombia, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos por sus presuntos vínculos con la guerrilla. Entre los sospechosos se encuentra la senadora opositora Piedad Córdoba y otros dirigentes que participaron de las negociaciones humanitarias con las FARC. Las pruebas no son otras que los miles de documentos y cartas contenidas en las supuestas computadoras del ex número dos de las FARC, Raúl Reyes, confiscadas por el Ejército colombiano después del ataque a su campamento hace tres meses. El canciller ya adelantó que está listo para pedir las extradiciones.

El gobierno colombiano venía amenazando hace semanas con hacer estallar la “farcpolítica”, pero estaba esperando la luz verde de Interpol. La semana pasada las autoridades de la policía internacional anunciaron que según sus evaluaciones las computadoras no habían sido manipuladas por el gobierno o las Fuerzas Armadas colombianas, aunque reconoció que no podía garantizar su autenticidad, es decir, que realmente pertenecieran al líder guerrillero. Sin embargo, para Bogotá el informe fue lo suficientemente contundente como para empezar a acusar. “Esto recién comienza”, prometió Iguarán.

Según explicó ayer, no está claro si los sospechosos sólo hacían gestiones humanitarias o si “rayaron en algún delito”. La senadora Córdoba medió junto al presidente venezolano Hugo Chávez para conseguir la liberación de seis rehenes de las FARC y, según reconoció públicamente, se reunió varias veces con miembros de la guerrilla en la selva. “No le tengo miedo a enfrentar este proceso porque es una estrategia para inmovilizarnos, para que quedemos en manos de la guerra, para que se confunda toda la porquería de la parapolítica”, denunció la senadora, refiriéndose a la crisis provocada por la confirmación de los vínculos entre los paramilitares y más de 60 dirigentes políticos, la mayoría uribistas.

Como ella, otros mediadores y facilitadores están siendo investigados por la Fiscalía por sus contactos con los guerrilleros, por ejemplo el ex asesor del proceso de paz del ex presidente Andrés Pastrana, Lázaro Viveros, y el varias veces garante de paz y ex candidato presidencial Alvaro Leyva.

Además, el fiscal general mencionó al periodista del canal Telesur William Parra, a los legisladores del opositor Polo Democrático Wilson Borja y Gloria Inés, la constituyente ecuatoriana María Augusta Calle, Iván Larrea, el hermano del ministro de Seguridad ecuatoriano Gustavo Larrea, el legislador venezolano del Parlatino Amílcar Figueroa, la directora de la ONG Frunce Agro, María Obando, y el profesor universitario estadounidense James Jones. Todos aseguran que contactaron a las FARC para ayudar en las negociaciones humanitarias.