A través del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, el Gobierno salió a responderle a la Iglesia Católica, que exhortó al Ejecutivo a tener “un gesto de grandeza” y convocar “con urgencia a un diálogo transparente y constructivo” para superar el conflicto con el sector agropecuario. “Que le pidan (a la Presidenta) un gesto de grandeza, me suena casi hasta irrespetuoso”, retrucó Fernández y agregó que los obispos “debieran estar asociados a la idea de pelear por la mesa de los argentinos, asegurarles que productos como el pan valgan lo que están valiendo hoy, no cinco veces más”.

En referencia a la posición de la Iglesia –y también del gobernador santafesino, Hermes Binner, quien recibió el jueves a los presidentes de las cuatro entidades rurales–, Fernández cuestionó que “aparecen gestos de quienes se quieren erigir como mediadores de la cuestión cuando el Gobierno tiene un mandato popular de tan sólo seis meses y tiene que ejercerlo, que es de gobernar, y no necesita nadie que medie ni resuelva esta situación porque para eso fue elegido”.

El obispo de San Isidro y titular de la Pastoral Social, Jorge Casaretto, consideró que ambas parte deben “deponer sus ideas, no abandonarlas, pero sí ver en qué se puede renunciar para encontrar puntos en común donde se piensa distinto”. Casaretto había protagonizado la semana pasada un encontronazo con Cristina Kirchner por los índices de pobreza. Después del anuncio de la Presidenta sobre el descenso de la pobreza, el obispo advirtió que en los últimos meses la situación se había empeorado. Ayer, en un tono conciliador, dijo que “se ha hecho mucho en los últimos años para erradicarla, pero debe haber una más justa distribución”.

Al referirse a la prédica de la Iglesia por los pobres y la justicia social, el ministro Fernández consideró que “en algunos de los gestos hay algún análisis contradictorio, porque cuando nosotros planteamos nada menos que la redistribución de la riqueza y hablamos de la proyección de la producción de los argentinos, hablamos de la mesa de los argentinos”. “Hablamos –dijo– de la mesa diciendo qué productos tienen que estar garantizados para que estén en ella al precio del valor de la producción de esos productos, pan, leche, carne en nuestro país, y no del valor que podrían tener a valores internacionales.”

El conservador arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, se sumó a las voces críticas al Gobierno. “Le corresponde mirar al conjunto de la sociedad, buscar el bien común y procurar que esto no pase a mayores”, afirmó. Además, cuestionó la constitucionalidad de las retenciones móviles: aseguró que “la política tributaria es una competencia que la Constitución atribuye el Poder Legislativo” y remarcó que “es el Poder Judicial quien debe decidir acerca de la justicia o injusticia de un impuesto”.

Otro encargado de confrontar con la posición eclesiástica fue el diputado nacional Carlos Kunkel. En tono irónico y poco sutil, Kunkel contó que cuando se enteró de la reunión de urgencia a la que habían convocado los obispos asumió “con alivio y esperanza” que habrían de referirse “al grave problema originado a partir de lo sucedido en un jardín de infantes del obispado de Villa Gesell”, donde fueron denunciados abusos a niños de cuatro y cinco años. “Para mi sorpresa, no se manifestaron en repudio de esa situación ni pidieron ayuda a la comunidad católica para evitar estas actitudes que son reiterativas, sino que se pronunciaron sobre una cuestión que es competencia del gobierno nacional y su obligación de gobernar”, completó el diputado.

El titular de Cáritas, Fernando Bargalló, le respondió a Cristina Kirchner, quien –hablando sobre los productores rurales– dijo que la avaricia es el peor de los pecados capitales. “La soberbia es lo que más nos encierra a nosotros mismos, nos aleja de Dios y del prójimo”, apuntó el prelado. Y ante la pregunta acerca de si la Presidenta peca, a veces, de soberbia, respondió: “Yo creo que sí, como todos, como usted, como yo”. “Ahora, ¿en qué grado? Y... ya no me toca a mí juzgar”, concluyó.