Los dirigentes del agro concurrieron ayer a la reunión convocada por el defensor del Pueblo para evidenciar una supuesta intransigencia del Gobierno, que ya había adelantado que no asistiría, y trasladarle así la presión social por la continuidad del conflicto. Sin embargo, el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de crear un Fondo de Redistribución Social con el dinero proveniente del último aumento de las retenciones modificó el escenario y los dejó desconcertados. Los ruralistas se vieron obligados a reconocer que estaban de acuerdo con el destino que se les quiere dar a los recursos, pero cuestionaron que sean los productores los que tengan que hacer el aporte. Pese a su evidente disconformidad, se mostraron moderados, les pidieron tranquilidad a los chacareros que siguen en los piquetes y volvieron a solicitar que se los convoque al diálogo, en lo que constituyó un reconocimiento implícito del acotado margen de acción que pareciera haberles quedado luego de la jugada oficial.

Los empresarios se reunieron con Mondino a las 15. Vieron el discurso de la Presidenta junto al defensor del Pueblo y a las 19.30 ofrecieron una conferencia de prensa para hacer pública su primera impresión sobre el anuncio oficial. “Estamos de acuerdo con la propuesta, pero eso no quiere decir que las retenciones sean válidas”, afirmó Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales. Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria, también reivindicó la proclamada redistribución del ingreso y sostuvo que él ya había manifestado su preocupación por la situación de los más pobres. Incluso hizo referencia a la necesidad de otorgar una asignación universal por hijo, desempolvando una de las propuestas que defendía cuando formaba parte del Frente Nacional de la Pobreza, con Luis D’Elía y otros dirigentes sociales.

Sin embargo, sostuvo que “el esfuerzo tiene que ser más parejo” y se ensañó con algunos empresarios que “estaban aplaudiendo cómo le sacan la plata a otros”, en referencia a Ignacio de Mendiguren, Benito Roggio, Eduardo Eurnekian y Cristiano Rattazzi. “Pagan el gasoil y la energía al mismo precio que nosotros, se benefician con el mismo tipo de cambio, pero pagan retenciones de sólo cinco por ciento”, destacó Buzzi. Rattazzi, el dueño de Fiat, hizo gala de un equilibrismo envidiable, pues en las últimas semanas se mostró solidario con el reclamo del campo y ayer parecía un kirchnerista de la primera hora al festejar los dichos de la Presidenta desde la primera fila del Salón Blanco de la Casa Rosada.

Llambías, por su parte, dejó entrever algunas dudas sobre el anuncio oficial al afirmar que hay que chequear que los hospitales y viviendas que se prometieron ayer no estén contemplados ya en el presupuesto elaborado a fines del año pasado. Los dirigentes del agro desconfían porque el Gobierno dio pocas precisiones sobre el nuevo fondo, más allá de lo rimbombante que resultó el acto de presentación.

También se cuestionó que el Gobierno haya dejado pasar noventa días de conflicto para recién ahora precisar el destino que les dará a los fondos. “El objetivo inicial fue meramente fiscalista, después se lo disfrazó”, sostuvo Buzzi, defendiendo el argumento que esgrimió desde que se anunciaron las retenciones móviles y que ahora fue neutralizado por el Gobierno. Según el ruralista, la medida se había tomado inicialmente para fortalecer las cuentas públicas de cara a la crisis financiera internacional que se avecinaba y la decisión de redireccionar los recursos a salud, educación y vivienda fue una consecuencia directa de la presión que estuvieron ejerciendo desde marzo.

“Nos duele cuando piensan que la única forma que hay para que el campo sea solidario es cobrándole un tributo injusto”, sostuvo Luciano Miguens, titular de la Sociedad Rural. “El campo no precisa que le saquen. Siempre está dispuesto a dar y sabe cuándo tiene que dar y cómo tiene que dar”, agregó. Luego recordó el aporte que habían ofrecido luego de la salida de la convertibilidad para ayudar a los sectores más necesitados. Como suele ocurrir en estos casos, Miguens recordó parcialmente lo ocurrido en febrero de 2002, pues el aporte voluntario de 1500 millones de pesos, que contó entonces con el guiño de varios obispos católicos, se ofreció con la condición de que no les pusieran retenciones. Finalmente, el gobierno de Eduardo Duhalde anunció la aplicación de un impuesto de 10 puntos a las exportaciones y el aporte “solidario” se canceló.

Los ruralistas también remarcaron durante la conferencia de prensa que el destino que se les dará a los fondos provenientes del aumento de las retenciones no soluciona los problemas que supuestamente generó la medida en el funcionamiento de los mercados a término. A su vez, dijeron que la situación de los pequeños y medianos productores seguirá siendo “critica”, pues las retenciones móviles benefician a los pools de soja. “A partir de ahora el negocio sólo es viable si se tiene gran escala”, dijo Buzzi. Por último, sostuvieron que el problema no es sólo de quienes producen soja sino de los ganaderos, los tamberos, los citricultores y los cultivos industriales. “La Presidenta convocó a todos. Nosotros somos parte del todo. Por lo tanto, quiero creer que nos está convocando para discutir una política agropecuaria en serio”, afirmó Buzzi. Los dirigentes demoraron la decisión sobre cómo seguir, pues esperan que el oficialismo los convoque en las próximas horas. No obstante, saben que la posibilidad de discutir las retenciones móviles resulta cada vez más lejana.