Las declaraciones del constitucionalista Daniel Sabsay, cuestionando el derecho de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario a exigir a los productores que declaren el stock de granos que tienen en sus campos, provocaron la inmediata reacción del titular de esa repartición, Ricardo Echegaray. El prestigioso letrado había calificado de inconstitucional dicha norma porque “viola el derecho a la intimidad” del productor, según sus palabras. “El derecho a la intimidad –replicó Echegaray– está limitado por las necesidades sociales y el interés público.”

En declaraciones al site de Internet Infocampo.com, Sabsay había expresado que “es sospechoso que se pongan en marcha justo en este momento facultades que el Oncca antes no tenía; pareciera que se trata de una norma extorsiva y de apriete” al productor. Se refería así a la Resolución 684/08 publicada el viernes último en el Boletín Oficial, por la cual la Oncca obliga a los productores a informar la existencia de granos en sus campos y las variaciones que registren, bajo la forma de declaración jurada.

De esta forma, la Oncca busca controlar la existencia de por lo menos cuatro millones de toneladas de trigo no declaradas, que presuntamente forman parte de la última cosecha (estimada en un total de 16 millones), pero que no aparecen en el cómputo de los volúmenes ya exportados, los utilizados o en existencias en la industria transformadora (molinos) o en empresas almacenadoras (acopiadores). Por todos estos ítem, el grano localizado alcanza a 12 millones de toneladas. Mientras los exportadores exigen la reapertura del registro de exportaciones, la Oncca declaró que no lo va a hacer hasta que tenga certeza de la existencia del grano. La sospecha es que gran parte de esas cuatro millones podrían haber sido comercializadas en negro.

“La transparencia en el mercado de granos resguarda el interés general; so pretexto de intimidad, no se puede proteger al mercado negro de granos y la evasión tributaria”, respondió Echegaray a las imputaciones de Sabsay. La Resolución 684, explicó el titular de la Oncca en un comunicado, “resulta constitucional desde todo punto de vista”, por su finalidad de garantizar el interés general de la población y el interés particular de los operadores del sector, al sostener como objetivo el abastecimiento interno y al evitar la evasión fiscal. “El derecho de igualdad también se aplica en no tratar en forma igualitaria a desiguales, concretamente, a los evasores con el resto de los productores en general”, señaló Echegaray.

Y luego, apuntando directamente a los dichos de Sabsay, el titular del Oncca le respondió: “Es de perezosos intelectuales o de pícaros que retuercen la verdad sostener que resulta sospechoso que justo en este momento se ponga en marcha una serie de facultades a un organismo que antes no la tenía (...). No se efectúa una presión fiscal, sino que el Gobierno presiona la evasión y la especulación fiscal. La Oncca, dentro de ejercicio de su competencia, lucha contra el ocultamiento y la especulación. Se acabaron los privilegios”.