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El fiscal que investiga el nuevo escándalo de coimas en el Senado consideró que no es necesario usar los listados de las llamadas del periodista que destapó el caso. Guillermo Marijuán pidió ayer al juez Claudio Bonadío que entregue al periodista británico Thomas Catán la nómina de sus llamadas telefónicas que el magistrado había solicitado a la SIDE. Bonadío había interrogado al corresponsal del diario Financial Times como testigo en la causa, pero como se excusó de revelar sus fuentes decidió averiguar con quién había mantenido contacto telefónico. Los abogados de Catán apelaron la medida porque consideraron que es inconstitucional y es improcedente que se investigue a un testigo. También pidieron que esa prueba sea destruida pero el magistrado aún no decidió nada al respecto.
En un escrito remitido al juez, Marijuán explicó que la fiscalía “tiene probado” que el 16 de agosto último hubo una reunión entre banqueros y diplomáticos británicos y estadounidenses en la residencia del embajador inglés en Capital Federal. A ese encuentro asistieron cuatro banqueros, uno de los cuales se comunicó después con el periodista británico. Catán publicó el 20 y el 30 de agosto que esos banqueros se habían quejado por el paquete de leyes que tramitaban en el Congreso, que perjudican sus intereses, y por haber recibido un pedido de coima por parte de legisladores argentinos. De hecho, el presidente del HSBC, Michael Smith, admitió haber participado de ese encuentro, conocer al corresponsal y haberlo llamado tras la reunión. Sin embargo, negó haberle referido el asunto de las coimas.
Marijuán consideró que ya es innecesario avanzar en el análisis de los llamados recibidos y hechos por el periodista, y pidió que el juez aclare al periodista que esos datos, que están guardados en una caja fuerte en el juzgado, “no se utilizaron como prueba”. Bonadío había asegurado a Página/12 que no los había tocado desde que la SIDE se los entregó, pero no descartó hacerlo. “Ante la comprobación de que la reunión que cuenta el periodista existió y que uno de los participantes lo contactó ya no tiene sentido analizar esos datos”, explicó Marijuán a este diario.
La iniciativa del juez despertó un repudio generalizado por parte de entidades periodísticas nacionales y extranjeras. Y motivó que la Cámara Federal le abriera un sumario administrativo por declaraciones en las que justificó su decisión de investigar los llamados de Catán. El juez había argumentado que “los derechos de los individuos, independientemente de su profesión, tienen que ceder frente a hechos de gravedad institucional como el que investigo en esta causa”. Los camaristas se mostraron alarmados de que para Bonadío las garantías constitucionales sean “cuestiones formales”, y de que tenga “una suerte de creencia sobre la disponibilidad de las garantías constitucionales, discrecionalmente establecida por el juez, que permitiría arrasar con los derechos de los imputados e inclusive de eventuales testigos”, como es el caso de Catán.