En los meses que corren, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG) enfrenta intensas campañas que procuran levantar el corte del puente internacional General San Martín que mantienen desde hace casi dos años. Más allá de la justicia que merezca el reclamo, cierto es que una de las primeras movilizaciones para levantarlo reunió a una veintena de personas el mismo día que la Asamblea juntó unas 5 mil en un rally popular organizado para recaudar fondos. En estas notas quisiera referirme, no obstante, a otro tipo de campaña: concretamente, al protagonismo asumido por uno de los propulsores del endurecimiento de la lucha gualeguaychuense contra las papeleras a fines de 2006, vuelto a la causa de los empleados de las AFJP, alrededor de un discurso que denuncia el “saqueo” del gobierno a los jubilados, “como hicieron antes con el campo”, en fin, que desgañita una voracidad sin control por parte del gobierno nacional, con independencia de una reflexión profunda acerca de las implicancias de los procesos económicos y políticos involucrados en cada una de las “causas”.

No está de más recordar que la ACAG construyó su oposición a la instalación de pasteras en la cuenca como derecho de la comunidad a decidir acerca de su modelo de desarrollo. Sobre la base de este formato recurrió al Estado nacional para que protegiera ese derecho. No obstante, desde sus inicios, la organización gualeguaychense postergó para un momento ulterior, constantemente diferido, una discusión más amplia que involucrara al proyecto de desarrollo de un modo más integral (incluyendo la soja, por ejemplo) y más radical (hacia la formulación de un proyecto de desarrollo alternativo). No resultó casual así que, durante el conflicto “del campo”, un referente territorial de la asamblea, vinculado además con una de las corporaciones agrarias, articulara la fuerza emergente de un proceso de autodeterminación popular con la defensa híbrida de productores tradicionales venidos a menos y socios menores y no tanto del agronegocio, todos actores presentes en el distrito entrerriano. Aquellos analistas confinados al análisis de blanco sobre negro de la política argentina contemporánea y, aun más, del conflicto planteado entre el Gobierno y los sectores agropecuarios, obliteraron, entre otras cosas, este tipo de complejidades subyacente al levantamiento agrario sobre la Ruta 14.

Ahora bien, la participación contemporánea de Alfredo De Angeli a favor del sistema privado de jubilaciones, de absoluto motu proprio, interrumpe de manera abrupta toda relación equivalencial de demandas con respecto a la lucha contra las papeleras. Si bien es cierto, en base a un debate inconcluso y con brechas acerca de los alcances y límites del desarrollo ecológicamente sustentable, Gualeguaychú buscó incidir a través de la participación ciudadana en las decisiones institucionales sobre los impactos sociales y ambientales múltiples de las nuevas modalidades del “progreso”, problematizando así la apertura del sistema político a la democratización de sus decisiones y el control público sobre las inversiones privadas. En suma, se trataba de un Estado abierto y participativo capaz de resguardar derechos ambientales cuya fuente es también un pacto intergeneracional. Nada que ver con deshacerse de derechos, en este caso previsionales, que deben estar garantizados, por más atendibles que sean las desconfianzas –o las oposiciones sectoriales y ciudadanas– hacia los desempeños redistributivos (económicos y políticos) de nuestros gobernantes.

* Miembro de Unsam-Conicet.