Un grupo de querellantes de la causa ESMA apeló la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal que concedió la excarcelación a una veintena de represores. Los abogados Roberto Boico y Eduardo Barcesat hicieron la presentación en representación de los familiares de Conrado Gómez, una de las víctimas de la ESMA, a quien además le fueron expropiadas ilegalmente sus tierras en la localidad mendocina de Chacras de Coria. Los abogados reclamaron que se deje sin efecto la excarcelación que benefició, entre otros, a Alfredo Astiz y a Jorge “El Tigre” Acosta, medida que fue suspendida por el propio tribunal ante la apelación del fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé. Los representantes de la familia Gómez invocaron la Convención contra el Genocidio que, según su interpretación, impediría la libertad de los acusados durante el proceso.

Señalaron también que existe el peligro de que los represores se fuguen si recuperaran la libertad, y recordaron que los procesados están entorpeciendo la investigación, ya que no aportaron datos sobre el paradero final de los desaparecidos por cuya situación están sometidos a la acción de la Justicia. Además, hicieron hincapié en la “gravedad” de los delitos que se les imputa, y entendieron que la excarcelación no puede operar de manera automática cuando se hubiere excedido el plazo previsto para la prisión preventiva.