Con un operativo policial, oficiales de justicia intentaron secuestrar de Arrufat, la fábrica de chocolates recuperada hace menos de un mes, una máquina refinadora considerada clave para la producción. El intento de llevarse la refinadora fue frenado por los trabajadores, mientras en la vereda se reunían vecinos, integrantes de otras cooperativas y militantes que permanecieron en el lugar para impedir que se llevaran la máquina. Finalmente, hubo un acuerdo para suspender la medida por quince días, plazo en el cual la cooperativa presentará una propuesta para seguir adelante con la autogestión. El Estado, a través del Ministerio de De-sarrollo Social, podría intervenir auxiliando a la cooperativa.

La fábrica fue cerrada por su dueña el 5 de enero, cuando los trabajadores llevaban ya ocho meses sin cobrar sus sueldos; esa mañana encontraron en la puerta un comunicado al personal: “Ponemos en su conocimiento que por razones estrictamente financieras no ha sido posible cumplir con el pago de los servicios, razón por la cual la planta no resulta operativa”. Arrufat bajó así la persiana, aunque por poco tiempo. En el mes que siguió, acompañados por la gente del Hotel Bauen, los trabajadores se organizaron como cooperativa y ahora están volviendo a producir, en pequeñas cantidades.

“Si se llevan la refinadora nos costaría mucho seguir adelante; es nuestra máquina principal”, explicó José, uno de los integrantes de la cooperativa, en la puerta de la planta de Tres Arroyos 761, en el barrio de La Paternal, mientras se desarrollaba el operativo.

La situación se originó porque en un antiguo juicio contra la empresa la máquina había sido prendada y rematada. El comprador se presentó ayer en la planta con una orden judicial y apoyado por seis patrulleros, con la intención de llevarla. Sin embargo, hubo una rápida movilización; la reunión de manifestantes en la puerta, sumada a la decisión de los trabajadores de abrazar la máquina para impedir que la sacaran, frustró el operativo. En la larga negociación que siguió el comprador y los trabajadores debieron buscar un acuerdo. Las conversaciones llevaron siete horas y participaron el secretario del juzgado (al que luego se sumó la propia jueza, Graciela Carambia), representantes de dos movimientos de recuperadas, Luis Caro (del Movimiento de Fábricas Recuperadas) y Federico Tonarelli (de la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados). Según detalló Caro, Desarrollo Social podría “intervenir pagándole al comprador de la máquina” para que esta quede en la fábrica.