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El aniversario del golpe de Estado del ’76 encontrará a un grupo de organismos de derechos humanos en la Organización de Estados Americanos (OEA). Allí, las agrupaciones argentinas que integran la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentarán, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un informe sobre los “avances y obstáculos en los procesos contra los responsables de crímenes contra la humanidad durante la dictadura”, en presencia del representante del gobierno argentino, que podrá contestar las inquietudes planteadas.

La delegación estará compuesta por miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Comité de Acción Jurídica (CAJ) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). El informe es resultado de un año de investigación que incluyó una misión realizada del 24 al 29 de marzo de 2008 y el acento fue puesto en los motivos de la dilación y de las dificultades en el juzgamiento de las personas responsables de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura. El objetivo fue formular recomendaciones para contribuir a un mayor avance de los juicios, en busca del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, junto con “una garantía de no repetición de estos crímenes en Argentina”.

A veinticinco años de la caída del régimen militar y a cuatro de la decisión de la Corte Suprema que declaró inconstitucional las leyes de punto final y obediencia debida, el CELS, el CAJ y la LADH estiman que de un total de 922 presuntos represores responsables (judicializados) sólo 38 han sido condenados. De ellos, aproximadamente 350 están procesados, pero no han sido condenados todavía, y unos 77 estarían excarcelados. En este contexto diferenciaron la situación en la región de la Capital, donde el proceso de justicia se enfocó en los militares y policías de alta jerarquía y, por tanto, de mayor responsabilidad criminal en los hechos, mientras que en las causas del interior del país habría mayor cantidad de implicados subalternos que han podido ser identificados y procesados. De este modo, el informe presenta los avances judiciales de estos últimos años, pero también muestra que “no han logrado adquirir la eficacia necesaria”. El temor consiste en que “los procesos actuales se alarguen indebidamente y lleven a la ausencia de justicia”.

Los miembros de la FIDH observaron varias deficiencias que afectan al normal desarrollo de los procedimientos judiciales:

- “El mayor problema es la falta de celeridad, que se debe –entre otras cosas– a carencias en la organización de las causas que deberían ser racionalizadas y unificadas, a falta de recursos del sistema judicial y a dilaciones excesivas debidas a la interposición de numerosos recursos, muchos de ellos con finalidad dilatoria.”

- “Los aparatos policiales y militares obstaculizan el avance de las causas, al no cumplir con la obligación de dar accesibilidad a los archivos y al no colaborar en las investigaciones, además del impedimento de personas de determinados estamentos políticos argentinos o incluso de algunos operadores judiciales que por su proximidad con los imputados o los postulados de la dictadura dificultan el avance de los juicios.”

- “En este contexto, no se ha brindado la suficiente protección a las víctimas y a los testigos que han sido objeto de ataques, siendo el caso más grave la desaparición de Julio López en 2006.”

- “Se identificaron fallas en la aplicación del principio de publicidad de los juicios.”

Gastón Chillier (CELS), Juan Carlos Capurro (CAJ) y Graciela Rosenblum (LADH) le dirán al representante del Gobierno que es “urgente que las autoridades argentinas remedien estas carencias” antes de que “los responsables de la dictadura desaparezcan o lleguen a ser inhabilitados por su edad avanzada”. Y enfatizarán en que “estas disfunciones requieren una urgente solución, que debe ser acordada desde el consenso con instituciones oficiales y la sociedad civil”.

La audiencia en la CIDH será retransmitida en: www.cidh.org/audiencias/seleccionar.aspx