Durante la dictadura, Alfredo Bisordi, fue secretario del juez federal Norberto Giletta, que entonces rechazaba hábeas corpus a favor de desaparecidos y hoy defiende al general desaparecedor Jorge Olivera Róvere. En 1984 la Procuración General lo designó adjunto de Julio Strassera en el juicio a los ex comandantes. Renunció a la semana. Strassera contó que reivindicaba los métodos de la represión ilegal. Cuando Carlos Menem lo propuso para integrar la flamante Cámara de Casación, acusó de “marxistas” a los miembros de la Asociación de Abogados que lo impugnaron. Citado por la Comisión de Acuerdos del Senado, justificó por “las circunstancias históricas” la subordinación del Poder Judicial durante la dictadura. Hace una década la colectividad judía lo denunció por sus prejuicios antisemitas. Cuando se reabrieron las causas y los organismos lo recusaron, calificó como “delincuente subversiva” a Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA. El exabrupto derivó en un pedido de destitución que el Consejo de la Magistratura convirtió en falta disciplinaria. El 24 de marzo de 2007, cuando Néstor Kirchner cuestionó la demora de los procesos, sostuvo que en 40 años de carrera judicial, que incluyen las últimas dos dictaduras, nunca hubo semejante intromisión presidencial. Renunció a la presidencia del tribunal en septiembre de 2007, luego de que sus pares le quitaran el apoyo para promover a su mujer y a su sobrina. Se jubiló en junio del año pasado en medio de un proceso de juicio político por cajonear expedientes en beneficio de hombres imputados por los mismos delitos que Patti. En agosto, ovacionado por Cecilia Pando, obtuvo la matrícula de abogado y blanqueó su militancia. Su primera cruzada frustrada, inspirada en los juicios para conocer el destino de los desaparecidos mientras las leyes de impunidad impedían juzgar a los represores, fue una denuncia para que se investiguen “actividades subversivas” entre 1959 y 1989. Además de Patti, defiende a Julio Alberto Cirino, ex agente civil del Batallón de Inteligencia 601.