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La venta por decreto del predio conocido como Parque Norte, hecha en 1998, generó una polémica entre el entonces jefe de Gobierno porteño Fernando de la Rúa y el presidente Carlos Menem. En el medio quedó el comprador: el Sindicato de Empleados de Comercio, cuyo jefe, Armando Cavalieri, se quejaba porque “nadie dijo nada cuando la Rural se quedó por 30 millones de pesos con el mejor terreno de la ciudad, por venta directa”. “Yo no tengo nada contra la Rural y los felicito –decía el gremialista–, pero me parece una falta de equidad que ahora se apunte contra un sindicato.” La Justicia sospechaba que la Sociedad Rural había comprado ese lugar en Palermo a cien millones de dólares menos de su real valor. Cavalieri cerró la operación en 43,45 pesos el metro cuadrado: según las inmobiliarias, se ahorró más de la mitad del valor de mercado.

Ya entonces, y ante las estimaciones inmobiliarias que le eran adversas, Cavalieri mencionó la imposibilidad de disponer del terreno ocupado por Puerto Pibes y la escuela como atenuante. Ambos lugares, que pertenecen a la ciudad, fueron el caballito de batalla de De la Rúa para recurrir a la Justicia. Menem quedó imputado por el delito de “abuso de poder”, pero fue sobreseído en 2005.

La cláusula décima de ese polémico boleto de compra-venta de Parque Norte, escrito a principios de los ’90 pero firmado a finales de esa década, aclaraba que en el predio “se encuentran emplazadas instalaciones correspondientes a la Escuela Municipal Nº 11 y el Complejo Puerto Pibes, ambos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sobre esas superficies, la parte compradora se obligaba a permitir la continuidad de los servicios respectivos, en forma gratuita, o en su defecto, a acordar con el gobierno de la ciudad su traslado a otros inmuebles, aptos para el desarrollo de las actividades que en ellas se cumplen, siendo a cargo de la parte compradora el costo total de su obtención y disponibilidad para los fines señalados”.

Las actividades de Puerto Pibes, como anunciaron desde el Ministerio de Desarrollo Social porteño, se trasladarían al sur de la ciudad. La construcción del muro parece la única forma de cumplir con este mismo boleto de compra-venta, por más extraña que resulte la medida. Es que si el gobierno porteño quisiera cerrar la escuela (un atrevimiento que nunca se tomó el Sindicato de Comercio) debería edificar otra y correr con los gastos.