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El día clave, N. O. acompañó a su hija C. a formalizar la denuncia. No lo dijo explícitamente, pero su presencia se interpretó como un aval a las declaraciones, tanto como a las acusaciones que desde entonces pesarían sobre su pareja. Cuando era evidente que tras el estupor sobrevendría la pregunta por el posible rol que (como madre de la víctima que acusaba a Armando L., cohabitante de la casa de la Circunscripción Cuarta y pareja del acusado), le cupiera a ella, la mujer de Armando L. modificó su posición radicalmente.

De la solidaridad silenciosa pasó a culpar a su hija, en declaraciones un medio local: “Más de una vez lo eché de la casa, pero mi hija era la que lo buscaba y lo hacía volver”. “Desde el primer embarazo sospechaba que podía ser de él.” “Me di cuenta de que eran hijos de mi marido porque ella no tenía relación con ningún hombre.” “Cuando le preguntaba a mi hija de quiénes eran los hijos, ella me respondía: ‘Son mis hijos, no te metás’”.

Mientras la tormenta mediática se desataba y los móviles comenzaban a instalarse frente al portón blanco tras el cual un pasillo conduce a la casa de los L., N. O. comprendió que irían por ella y desplegó la estrategia de la abuela: fue a instancias de su propio pedido que la titular del Quinto Juzgado de Familia Elsa Galera emitió la orden para prohibir la difusión de datos, detalles, imágenes que pudieran identificar a la familia y, por ende, revelaran la intimidad de los niños involucrados. Tras el éxito de ese pedido, N. O. continuó concurriendo en su horario habitual al Juzgado de Paz en el que se desempeña como oficial de Justicia, el cargo más alto que el escalafón reserva para no letrados. Algunos de sus compañeros de trabajo finalmente opinaron: no, nada hacía sospechar que algo raro pasaba con la familia de la mujer que lleva alrededor de 30 años trabajando en el ámbito judicial.

N. O. no está siendo investigada por ninguna causa paralela a la abierta tras la denuncia de su hija contra su padre: ninguna figura pública o autoridad judicial ha reclamado, tampoco, que eso suceda. No ha sido aclarado, por lo demás, si la denunciante y sus hijos, los hijos nietos de Armando L., comparten todavía casa con N. O., de cuyo salario dependía la subsistencia económica de todo el grupo familiar. La ministra de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, Silvia Ruggeri, declaró públicamente que el área a su cargo está dispuesta a proveer las necesidades de la familia, pero luego de que la jueza Galera lo ordene.