El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández le dijo ayer a la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado que no tiene elementos para responsabilizar a ningún organismo del Estado por los actos de espionaje de los que cree que fue víctima y que le habrían permitido al Gobierno –según supone– saber por anticipado que iba a reunirse con el vicepresidente Julio Cobos. La magistrada había citado al ex funcionario porque intenta establecer si existe alguna conexión entre los episodios que denunció públicamente y una banda de hackers –que incluye a ex agentes de la Side– dedicada a interceptar correos electrónicos de políticos, artistas y periodistas. Fernández le dijo a Arroyo Salgado que sabe de la existencia de empresas privadas que se dedican a interceptar e-mails y que los venden. En ese sentido dijo que no descartaba que la información pudiera haber sido comprada por “algún particular o incluso algún funcionario”, aunque aclaró que no le consta. Dijo que, cuando integraba el Gobierno, él y Aníbal Fernández eran quienes usaban la casilla electrónica oficial más asiduamente. Esta no es la primera vez que Fernández declara como testigo ante Arroyo Salgado. Ya lo hizo hace tiempo porque, al igual que otros funcionarios, le habían interceptado sus correos electrónicos. En aquellas ocasiones la jueza le mostró e-mails hallados en los sistemas de algunas de las personas investigadas y él reconoció que le pertenecían. Ayer incluso le pidió reconocer algunos que nunca le había exhibido. La nueva citación se debió a que Fernández mencionó ante varios medios el posible nuevo hackeo de sus correos y la intercepción de su celular al revelar su sospecha de que el Gobierno se había enterado de antemano de que desayunaría con Cobos.