Esta vez Elisa Carrió comparó al gobierno de un solo saque con Ceaucescu, el fascismo y Stalin, lo cual no hace gala de mucha precisión pero expone un estado de ánimo. Tampoco estaba muy enterada sobre la “extracción compulsiva de ADN” que denunció el jueves. Dijo que el gobierno había enviado un proyecto de ley sobre datos genéticos, cuando en realidad son dos. Uno permite a los jueces obtener muestras de ADN “por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo”. Esto, que ya había sido aprobado por la Corte Suprema de Justicia el 11 de agosto (Fallo G. 291. XLIII, en el caso Prieto), es el exacto opuesto de la extracción compulsiva. La diputada libertadora sostuvo que se trataba de una venganza contra el Grupo Clarín y con todo dramático dijo que “los hijos de la señora Ernestina Herrera de Noble son nuestros hijos”. Agregó que, por ser ricos no dejaban de ser “supuestas víctimas” de los delitos cometidos por la dictadura militar, algo que los letrados de Felipe y Marcela Noble Herrera nunca han admitido y que es precisamente una de las cosas que se discuten en la justicia. Luego de años de tironeos, aceptaron el análisis genético, pero sólo admitieron que se cotejaran sus resultados con un par de familias que creen que ellos son sus nietos detenidos desaparecidos y no con la totalidad de la muestra del Banco de Datos Genéticos. Hace dos meses, la Cámara Federal de San Martín confirmó la decisión de primera instancia, adoptada por el juez Conrado Bergesio, que sucedió al destituido Roberto Marquevich, de ampliar esa investigación a 22 grupos familiares, sin necesidad de ninguna reforma legislativa. Las Abuelas de Plaza de Mayo informaron que Bergesio también realizó un careo entre el periodista José Ignacio López y su biografiado, “El hombre de Clarín”, Héctor Magneto, sobre las condiciones de la adopción. El empresario insistió en que no sabía nada al respecto, y López que Magneto le contó que la señora había conseguido los chicos con la asistencia de Rogelio Frigerio. Esa es la misma versión que Frigerio le contó al periodista Jacobo Timerman, a quien también le dijo que “se trató de una transacción económica que él mismo organizó, pero que nunca tuvo motivos para pensar que los chicos pudieran ser hijos de detenidos-desaparecidos”, como se publicó en esta columna en 2002. López dijo que no veía contradicción entre ambas versiones porque Magneto se había enterado después de los hechos. Los problemas que viene a corregir la segunda ley no guardan relación con Clarín: excluye del consejo consultivo a las Abuelas de Plaza de Mayo, porque son querellantes en varias causas; actualiza los métodos de análisis, ya que algunas defensas usaban su anacronismo para cuestionar la legitimidad del examen; traspasa el Banco de Datos Genéticos al Ministerio de Justicia de la Nación, ya que el Hospital Durand pasó a depender de la ahora Ciudad Autónoma. Carrió también parecía ignorar que el proyecto de ley sobre ADN se origina en una solución amistosa firmada entre el Estado y Abuelas de Plaza de Mayo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre un caso fallado en 2003 por la Corte Suprema de Justicia contra la extracción compulsiva de sangre de quien por entonces se llamaba Evelyn Vázquez y que resultó ser hija de los detenidos desaparecidos en la ESMA Rubén Bauer y Susana Pegoraro. Su identificación se realizó en 2008, mediante el análisis de ropa interior, un cepillo de dientes y una pinza de depilar secuestrados de su casa en un allanamiento ordenado por la justicia. Es decir, lo mismo que el fallo de la Corte Suprema y el proyecto de ley impugnado intentan generalizar. El reclamo de excepciones parece un curioso camino para salvar la democracia y establecer una República de Iguales.