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El radicalismo dio el primer paso para la “embestida” sobre el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en el Congreso. El diputado jujeño Miguel Angel Giubergia, junto a varios de sus correligionarios, presentó un proyecto de resolución de “moción de censura” contra Fernández porque “se arrogó funciones judiciales que tiene prohibidas por la Constitución”. La interpelación al jefe de ministros y el voto de censura podrían dejar tambaleante a Fernández. Para ello se necesita de la mayoría especial de la mitad más uno de los miembros de la Cámara baja. Una cifra que el conglomerado opositor puede reunir si no se resquebraja en la embestida. Si el Senado se sumara al pedido de censura, algo por ahora poco probable, el jefe de Gabinete debería dejar su cargo.

“Fernández nunca debió apartarse de sus funciones para desacatar la orden de allanamiento del juez José Sudera en la Asociación Argentina de Aeronavegantes”, sentenció el legislador jujeño en los fundamentos de su solicitud. “No nos conforma la explicación del ministro que dijo que no cumplió la orden judicial porque era inconstitucional”, agregó Giubergia para referirse a la actitud del ministro ante la resolución del magistrado sobre la disputa gremial en el sindicato aeronáutico.

Después, el diputado radical lanzó el desafío: “Fernández aseguró que si tiene que explicar esta situación a un juez o a cualquiera no tiene ningún problema, por ello, no creo que tenga inconvenientes en aclarar esta grave intromisión ante la Cámara de Diputados”.

Sin embargo, el proyecto deberá esperar hasta marzo, cuando empiece el próximo período parlamentario, para comenzar un recorrido parlamentario que no será rápido. Con mayoría en todas las comisiones, el variopinto abanico opositor debería avanzar sobre una propuesta del radicalismo, que no consultó a sus socios ni en su elaboración ni en su estrategia legislativa. Pero tampoco son pocos los que quieren poner a Fernández contra las cuerdas, entre ellas la líder de la CC, Elisa Carrió.