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“Nosotros hemos realizado dos asambleas de policías en la Legislatura bonaerense para pedir la sindicalización, y ya en la primera hubo un pronunciamiento en contra de reprimir el conflicto social”, aseguró la legisladora Graciela Podestá. “Aquí se tiene miedo a crear un gremio, pero en España y Brasil se demostró que los sindicatos ayudaron a quitar las actitudes represivas de las policías, a plantear la idea de que los efectivos cobran un sueldo para combatir el delito, no el conflicto social.”
Podestá señaló que la ley de policía vigente en la provincia, la 9550, viene del tiempo de la dictadura. “Inhibe la participación y no permite que lo subordinados denuncien a los superiores, porque los deja sin canales para hacerlo. Y aquellos capaces de denunciar un hecho ilícito son trasladados o castigados como un método de coacción.”
Los sindicatos que ya existen en siete provincias no son clandestinos, pero tampoco están autorizados. La Justicia ha dado señales en el mismo sentido que el Gobierno: en febrero del año pasado, la Corte Suprema rechazó una demanda de Nicolás Masi, titular del sindicato de policías bonaerense (SIPOBA), a quien habían cesanteado por repartir panfletos y participar de una asamblea para crear el gremio.
La semana pasada, informó la diputada, el Ministerio de Trabajo rechazó una solicitud de inscripción de la Federación del sector con el argumento de que las leyes en cada una de las provincias prohíben la sindicalización policial.