Entre las organizaciones de la sociedad civil han prosperado últimamente aquellas orientadas a auditar –y, supuestamente, mejorar– la calidad de la democracia. Con un perfil más profesional, suelen presentarse como espacios despolitizados formuladores de “soluciones”. Aunque muchas de ellas han realizado valiosos aportes, y aunque trabajan allí investigadores destacados, a veces irrita un poco el lugar desde el que hablan. Nicolás Ducoté, ex director de Cippec, anunció la semana pasada su decisión de sumarse a los equipos técnicos de Francisco De Narváez; Miguel Braun, ex director de Políticas de la misma ONG, trabaja ahora junto a Mauricio Macri, y Laura Alonso, ex directora de Poder Ciudadano, es legisladora porteña por el PRO. Cada uno tiene todo el derecho del mundo a militar en el partido que crea más cercano a sus ideales, pero la posición política de sus líderes permite discutir el presupuesto de neutralidad valorativa en el que se sustenta buena parte del trabajo de estas organizaciones, que se dedican a juzgar, calificar e incluso ranquear a gobiernos y partidos (ahí está el ranking de corrupción de Transparencia Internacional) desde una objetividad obviamente imposible pero muy proclamada.