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Las diez personas acusadas de participar en la falsificación del acta de defunción de María Marta García Belsunce pasaron ayer por el despacho del juez de Instrucción, Julio Lucini, y quedaron detenidas después de prestar declaración indagatoria. La esperanza que les había abierto la suerte del cuñado de la mujer asesinada en el country de Pilar, Guillermo Bártoli, detenido cuando se iba del país, y liberado el sábado apenas terminó de declarar ante el magistrado, no fue tal para los demás acusados. “Quedaron detenidas hasta que en las próximas horas o días el juez decida si los deja en libertad o los procesa”, explicó a Página/12 una fuente judicial. Entre quienes permanecen presos en las causa conexa a la del homicidio se encuentra el propio médico que firmó sin mirar el documento falsificado en el que se aseguraba que la mujer había fallecido por causas naturales y no por los cinco tiros que le dispararon en la cabeza. Anoche, con la idea clara de desligar a este grupo de funebreros del posible delito de encubrimiento, sus familiares comenzaron a desnudar el funcionamiento de ese negocio en el que sería habitual que se comercialicen certificados de defunción truchos.
La misteriosa muerte de la mujer dedicada a la actividad benéfica repercutió no sólo en su entorno íntimo, que no deja de estar en la mira de los investigadores, sino también en una supuesta asociación ilícita que habría funcionado en el interior de la empresa funeraria Casa Sierra. Los dueños y los empleados de esa empresa son quienes cayeron presos el viernes, y ayer tuvieron que declarar ante el juez Lucini y la secretaria del juzgado, Yamile Bernand. El décimo sospechado de integrar una banda que se dedicaba a fraguar certificados de defunción como en el caso de María Marta es el médico Juan Carlos March. Es quien estampó su firma asegurando que la víctima había muerto de un paro cardiorrespiratorio no traumático. Roberto Vagalá, su abogado, ratificó que el profesional nunca vio el cadáver de García Belsunce, no estuvo en el country Carmel de Pilar y no fue quien completó el certificado falso. De esa manera dejó entrever, tal como lo hizo en su declaración, que March solía firmar certificados vacíos.
Ayer, fuentes judiciales admitieron que quienes fueron indagados, además del médico, los directivos y empleados de la funeraria, podrían ser procesados y quedar detenidos por el delito no excarcelable de asociación ilícita. La “falsedad ideológica” que implica haber fraguado el documento acreditando la muerte natural de una mujer masacrada estaría probada, y el juez Lucini se encontraría analizando si puede imputarlos por integrar asociación ilícita, un delito más grave. También se están buscando pistas sobre otras irregularidades anteriores a este crimen, admitieron los voceros.
El abogado de algunos de los imputados presos es el mediático Miguel Angel Pierri, también defensor del padre Grassi en la causa por corrupción de menores en la que se lo investiga. “Esta causa apunta a establecer si hay ilícito en cuanto a la extensión de certificados, no apunta a ver el encubrimiento del crimen”, aclaró Pierri ayer al salir de los Tribunales. Pierri aclara permanentemente que no está defendiendo supuestos homicidas sino trabajadores dedicados a un métier que “pudieron haber o no cometido un error, quizás hasta involuntario”.
¿Por qué tantas personas fueron indagadas ayer por el juez que investiga la falsedad ideológica del controvertido certificado? Desde el médico, pasando por los dueños de la funeraria, hasta el último empleado están en la mira de la Justicia que por vías separadas busca la explicación a un mismo hecho: cómo, por qué y quiénes mataron a María Marta García Belsunce; y cómo, por qué y quiénes encubrieron su crimen enterrándola como si de verdad hubiera resbalado sufriendo un accidente imbécil en la bañera. Entre todos ellos ya salió a la calle el cuñado, Guillermo Bártoli, un hombre que asegura haber estado con la mujer viendo el clásico Boca-River cuarenta minutos antes del horario en que la mataron. Ocasional consumidor del certificado trucho que intentó comprar primero a lacochería Ponce de León, y que luego obtuvo en Casa Sierra, en la causa que investiga el juez Lucini, quedó libre en principio porque él no sería miembro de una asociación ilícita sino el que habría usado la existencia de un negocio ilegal para dejar limpia la imagen de la familia. De todas maneras, depende de la evaluación de Lucini, y de cómo impacten en la investigación por el crimen que realiza el fiscal Diego Molina Pico estos datos en los que el comercio post-mortem podría traer respuestas al misterio.