El juez Norberto Oyarbide, a cargo de la causa que investiga la red de espionaje montada en la administración porteña, rechazó un pedido de la defensa del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que incluía quince medidas que, en su consideración, ya están cumplidas en el expediente, y le sugirió a los abogados Santiago Feder y Ricardo Rosental que “dedique una anténtica lectura tanto al sumario como a la documental reservada en secretaría” antes de adjudicar un carácter “sesgado” a la investigación.

En ese sentido, el magistrado citó los pedidos de Macri a que se investiguen los antecedentes en la Policía Federal del espía Ciro James, procesado y detenido por ser quien gestionó las escuchas fraguadas ante juzgados misioneros, y también los pedidos de llamadas entrantes y salientes de sus teléfonos celulares mientras trabajaba para aquella fuerza.

Según el magistrado, los antecedentes de James ya fueron remitidos al juzgado por la división de Legajos Personales de la Federal, mientras que las llamadas fueron pedidas a partir de 2007 dado que “el circuito de intercepciones ilegítimas investigadas habían comenzado ese año”. En el expediente consta que el primer casete retirado por James en la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE con desgrabaciones de escuchas ilegales tiene fecha de octubre de 2007. Oyarbide hizo lugar al pedido de librar oficio a las empresas de telefonía móvil y fija para que informen de todas las líneas asignadas a James desde 2007 hasta la fecha.