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El Ministerio de Planificación Federal presentó ayer una denuncia penal ante la Justicia Federal para que se investigue “un posible delito de acción pública” en el corte de luz que afectó a varios barrios porteños. En ella se solicita que se “investigue la posible comisión de los delitos contemplados en el artículo 194, 183, 184 del Códido Penal”, en pos de determinar si hubo la comisión de algún ilícito en perjuicio de los usuarios de la prestadora del servicio público de energía Edesur.

En la presentación, el apoderado del ministerio, Rafael Llorens, relata que la falla “ha sido catalogada por la misma empresa como anómala y como un incidente muy extraño”. Y agrega: “Estas circunstancias y la poca información técnica que ha brindado la concesionaria del servicio al incidente ocurrido generan la convicción que podríamos estar ante la presencia de un sabotaje intencionado como hecho generador del delito”.

En el documento se recopilaron las informaciones periodísticas sobre el corte del suministro eléctrico citando como fuente a Edesur y acompañó como prueba documental las notas de los diarios porque “resulta suficiente para sospechar respecto de la posible existencia de delitos”. Y amplía: “Es a través de los hechos relatados que se requiere la intervención de la Justicia a efectos de que se resuelva acerca del accionar presuntamente delictivo que ocasionara graves perjuicios a los usuarios, pusiera en riesgo la seguridad pública y los bienes del Estado”.

La presentación sugiere un encuadre legal, en caso de que se aprehenda a alguien: “Las conductas sospechadas consistirían en la interrupción de la prestación del servicio público de electricidad, afectando, saboteando y/o dañando los cables de alimentación de alta tensión de la empresa distribuidora”. Por otra parte, el ministerio solicitó al juez que se realice “pericias técnicas en la empresa Edesur a efectos de que se informe sobre los daños ocasionados” y que se practiquen “pericias sobre los lugares afectados con el personal idóneo”.