Habían pasado las 21.30 cuando el ministro del Interior, Florencio Randazzo, apareció ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada. “Haremos cumplir la orden judicial sin represión”, anunció enseguida. Se refería al fallo del juzgado federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez subrogante Gustavo Pimentel. El magistrado había ordenado disponer las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito en el puente binacional que une Fray Bentos con Gualeguaychú. “Los vamos a notificar (a los asambleístas) y si no cumplen se identificará a quienes estén en los cortes para que la Justicia actúe”, dijo Randazzo. Tras haber analizado el tema con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y la propia Presidenta, Randazzo recibió el encargo de hacer el anuncio ante la prensa. El ministro explicó entonces cuál será el procedimiento que el Ejecutivo intentará aplicar: “La Gendarmería se hará presente en el lugar. Va a pedir que se levante el corte. En caso de que se nieguen, se va a proceder a la identificación de las personas y los vehículos y se remitirán esos datos a la Justicia por resistencia a una orden judicial”.

Tras tomar conocimiento del fallo, en el Gobierno comenzaron a prepararse para una jornada complicada. El Ejecutivo fue notificado oficialmente a través del Ministerio del Interior, lo que supuso un error por parte del juzgado. Desde los últimos reordenamientos, las fuerzas de seguridad dependen del Ministerio de Justicia. Tras recibir la notificación, en la Casa Rosada se sucedieron las reuniones. Randazzo y el ministro de Justicia, Julio Alak, se establecieron en el despacho de Fernández. Allí se evaluó la situación y se analizaron las perspectivas.

Lo primero que se hizo en esa reunión fue revisar informes de la secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Según esos datos, dos fallos anteriores –de 2006 y de 2009– también habían ordenado el desalojo del puente para garantizar la libre circulación. En ambos casos, tras notificarse de los fallos, el Ejecutivo no quiso ordenar la liberación. “¿Por qué no lo hicimos en las dos oportunidades anteriores?”, se apresuró a aclarar anoche un ministro que dialogó con Página/12.

El ministro fundó su argumentación en el cambio del contexto político, incluso jurídico. “¿Por qué ahora sí y antes no? Porque antes estaba en trámite un proceso judicial ante la Corte de La Haya, a la que se le había presentado una serie de demandas que podían llevar a que Botnia fuera clausurada. Pero ahora se agotó la instancia internacional. No hay órdenes judiciales en trámite, por lo tanto no tenemos alternativa”, argumentó el ministro. “Ahora, si no cumpliéramos con lo dispuesto por el juez, podríamos ser acusados de desobediencia al Poder Judicial”, agregó.

Entre los argumentos esgrimidos por el funcionario hubo espacio para recientes declaraciones de los ministros de la Corte, Ricardo Lorenzetti y Eugenio Zaffaroni. Ambos habían coincidido en que tras el fallo de La Haya el corte del puente no podía extenderse por un plazo indefinido. La explicación dejaba en claro cuál había sido la decisión tomada en los máximos niveles del Gobierno: cumplir con la orden de la Justicia sin reprimir ni realizar –según remarcó ante este diario uno de los ministros– “ninguna acción física”.

“No vamos a entrar en el facilismo de la represión. Aparte, ¿quién dice que la represión es un método eficaz? Lo que vamos a hacer es en el transcurso del día ir hasta el corte para notificarle a la gente que un juez federal ha resuelto que hay que desalojar, y que si no se cumple la orden eso significa el delito de desacato. Pero que quede claro, no vamos a reprimir”, aseguró a este diario uno de los ministros.

Entrada la tarde, cuando trascendió el fallo, el Gobierno salió a poner paños fríos. Entonces llegó el primer anuncio de que las fuerzas de seguridad no reprimirían el corte del puente. El intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, le garantizó a los vecinos que “no se usará la fuerza pública”. También aseguró que ni la comuna ni la gobernación y tampoco el gobierno nacional “admitirían un enfrentamiento”. Otro pedido de tranquilidad llegó a través del gobernador Sergio Urribarri. “Como gobernador de Entre Ríos quisiera llevar tranquilidad a la población de Gualeguaychú, descartando absolutamente la existencia de una voluntad política tanto del gobierno nacional como provincial de proceder por medios que potencialmente pudieran perturbar la paz social o la integridad de las personas”, aseguró Urribarri. Anoche, en el Gobierno aseguraban que Urribarri estaba siendo informado al instante de cada una de las decisiones que se iban tomando: “Lo estamos hablando con él, todo se resolverá en tándem con él”.