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La posibilidad de asegurar el pago del incentivo docente que corresponde al primer semestre del 2002 peligraba ayer a la noche, ya que en la Jefatura de Gabinete especulaban con vetar el artículo que estaba incluido en la Ley de Presupuesto Nacional, votada por el Congreso en los últimos días de diciembre. Por lo pronto, la secretaria general de la Federación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Marta Maffei, aseguró a Página/12 que “esta propuesta de veto, que nació en el Ministerio de Economía, es un error garrafal de la política nacional”.
“El objetivo directo de esta política es la privatización del sistema educativo, lo que va a desatar un severo conflicto porque no estamos en condiciones de soportar esta rebaja de nuestro salario”, advirtió Maffei. El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta hoy para promulgar la Ley de Presupuesto para 2003 y el proyecto original incluía dos artículos sobre el Fondo de Incentivo Docente. En el artículo 64 se asignan 330 millones para pagar el incentivo correspondiente al segundo semestre del 2001 y faculta al jefe de Gabinete para buscar partidas a tal fin. El artículo 65, que corre peligro de ser eliminado del texto, reza que dentro de los créditos aprobados se dispone el pago del “Fondo Nacional de Incentivo Docente correspondiente al primer semestre del año 2002, en cumplimiento de la ley 25.053”, que es la que establece el incentivo.
“En un momento en el que no pueden frenar el alza de los precios, el conjunto de los trabajadores obtuvo un mínimo de 130 pesos adicionales y se les restituye el 13 por ciento a los trabajadores estatales, se le rebaja el 15 por ciento de la masa salarial de bolsillo a los docentes”, se quejó la secretaria general de Ctera. Es más, por lo pronto ya adelantó que están planteados dos caminos. “Primero vamos a hablar con los legisladores nacionales para que insistan con el proyecto original, ya que el artículo fue votado casi por unanimidad, no con un número ajustado en diputados y senadores.” Si esta opción no prospera, la secretaria gremial aseguró que se tomarán “medidas de acción directa”. El 6 y 7 de febrero se reunirán los secretarios generales del sindicato y a fines de ese mes se definirán los pasos a seguir.
El incentivo docente tiene una vigencia de ley de cinco años. Comenzó en 1999 y terminaría en el 2003, es decir que todo el 2003 estaría incluido. Pero no está asegurado el financiamiento de los últimos dos años. “Hasta ahora a nosotros nos han pagado mal, con demoras y con deudas importantes”, señaló Maffei. En números, el Estado debe 70 millones correspondientes al primer semestre del 2001, 330 millones del segundo semestre del 2002, otros 330 millones deberían ser destinados al financiamiento del incentivo durante el 2003.
El dictamen de la fiscalía había establecido que el Estado debe pagar intereses por 180 millones debido al retraso del pago del incentivo docente. Y por ahora se sigue debiendo todo 2002 y el segundo semestre del 2001, en total un año y medio. “Por lo menos nos tienen que pagar un año, menos que eso es absolutamente imposible”, explicó Maffei.
Ayer también se analizó vetar la eliminación del tope salarial de 4800 pesos para el cálculo de los aportes patronales. El gabinete nacional se reunió a las cinco de la tarde y, al cierre de esta edición, el presidente Eduardo Duhalde y el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, junto a otros miembros del Ejecutivo, seguían analizando la posibilidad de vetar los artículos.

Informe: Gimena Fuertes.