El local Beara, escenario de la tragedia de ayer a la madrugada, fue habilitado el 24 de agosto de 2009 como restaurante, café, bar, whiskería, cervecería y casa de fiestas privadas. De esa cantidad de rubros, las primeras están contempladas por el Código de Habilitaciones, pero la última, casa de fiestas privadas, no existe como tal. En su página web, Beara publicitaba la realización de shows musicales con una consumisión obligatoria, todos los jueves: hasta esta semana había llevado a cabo cuarenta shows. Ninguno de esos espectáculos habría sido autorizado por las autoridades. Si bien el local fue inspeccionado nueve veces en lo que va del año, en ninguna ocasión fue sancionado por haber desvirtuado su actividad. Todo hace suponer que la categoría de “fiestas privadas” sirve para encubrir actividades de locales bailables que no cumplirían con las exigencias que pesan sobre éstos después de la tragedia de Cromañón. En el sitio saliseguro.gov.ar hay 110 locales bajo ese rubro inexistente, además de Beara.

Estas conclusiones preliminares, más una serie de interrogantes, fueron el resultado del informe que ayer brindó ante los legisladores el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Javier Ibáñez. El funcionario reemplaza a Raúl Ríos, el ex titular del organismo desplazado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, después del derrumbe en Villa Urquiza. Ibáñez se excusó de contestar algunas preguntas en virtud del poco tiempo que lleva en el cargo y derivó las respuestas en sus subordinados. Martín Farrell, el cuestionado director de Habilitaciones de la Ciudad, no concurrió a la audiencia porque no se encuentra en el país.

En un comunicado, el Gobierno de la Ciudad había informado que en Beara se podían realizar “bailes y espectáculos” y que se permite el ingreso de 491 personas, una por metro cuadrado de superficie, aunque ese dato no figura en la página saliseguro. En ese sitio se informa que el local no registra clausuras en el último año. Pero su legajo no es intachable. Según informaron a Página/12 fuentes de la AGC, el local fue clausurado “el 2 de agosto de 2008 por vender entradas, para lo que no tenía permiso, pero la clausura fue levantada por la Justicia Contravencional”. Un año después, volvió a ser clausurado “por exceso de concurrentes, pero la sanción también fue levantada por la Justicia”, informó la fuente.

Un comunicado oficial aclara que la actividad de casas de fiestas privadas se caracteriza por efectuarse por lista de invitados. “Si esto no ocurre y se convoca gente o se venden entradas en la puerta, se convierte en local de música y canto (recitales) o local de baile, y se comete una infracción”. Aclara además que “en fiestas privadas se admiten grupos en vivo”. E informa que la Agencia Gubernamental de Control fiscalizó Beara nueve veces en lo que va del año: la última fue el domingo 5 de septiembre. Ninguna inspección se realizó los días jueves, cuando se realizaban los shows promocionados por Internet.

“No se puede creer que siendo ésta una situación que debería ser conocida por los funcionarios, salgan a decir que estaba todo en regla cuando en la propia página de la AGC figuran las limitaciones en la habilitación del boliche de Palermo”, dijo el diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires). En efecto, en saliseguro se aclara que las salas de fiestas privadas son “locales destinados a ser alquilados por personas o instituciones que deseen efectuar en ellos reuniones de carácter social y celebraciones de índole particular o pública”. Aclara el legislador que los locales donde se ejecuta música y/o canto o espectáculos en vivo deberían habilitarse bajo el rubro “shows en vivo o bares nocturnos”, según la misma página del gobierno porteño.

El legislador Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro), uno de los que participó del encuentro con los funcionarios de la AGC, afirmó que “no pudieron explicar qué se entiende por casas de fiestas privadas, ya que esa categoría no existe en el Código de Habilitaciones”. “Existen 111 locales en la ciudad funcionando en esas condiciones”, alertó.

“Quedamos muy preocupados porque no trajeron ningún documento y porque no detectaron una actividad irregular: hacían shows sin permiso que publicitaban por Internet, cobraban consumición y nunca fueron detectados por los inspectores, que fueron nueve veces en lo que va del año”, agregó el diputado Aníbal Ibarra.

“No queda claro por qué el mismo mes que lo clausuraron, ampliaron la habilitación”, agregó Sergio Abrevaya (Coalición Cívica)

El adjunto de la Defensoría del Pueblo Atilio Alimena solicitó ayer a la AGC y al Ministerio de Desarrollo Urbano “constancias de los planos de obras y de prevención contra incendios, así como las actas de inspecciones y clausuras” con el fin de elaborar un diagnóstico preciso.

Explicó Alimena que si bien el expediente de habilitación admite para el entrepiso una carga de 400 kilos por metro cuadrado, en ese lugar “no debía haber más de una persona por cada dos metros cuadrados”. El entrepiso ocupaba todo el ancho del local, unos ocho metros, por quince de fondo. El sector que se derrumbó es una parte de ese entrepiso, de cuatro por cinco metros. El piso estaba hecho de un material metálico, denominado steel-frame, y estaba sostenido por columnas y vigas de chapa. El durloc formaba parte del cielo raso del entrepiso.

El boliche fue habilitado por el expediente 55784, iniciado en 2007. El titular de la firma es la empresa Viejo Sabio SA, cuyo titular es Agustín Dobrila. En un resumen del expediente de habilitación difundido por la AGC se admite que el uso “casa de fiestas privadas” no se encuentra reglamentado en lo que respecta a las condiciones de funcionamiento, su definición, alcances, horarios y actividades admitidas, permanencia y acceso de menores y expendio de bebidas alcohólicas”.