La polémica entre el canciller Héctor Timerman y los ministros de Seguridad de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, el ex juez Guillermo Montenegro y el alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, es secuela de la confrontación del gobierno nacional con el de Maurizio Macrì cuando este proponía reprimir la ocupación del Parque Indoamericano y del Club Albariño, que el gobierno nacional consiguió desalojar sin violencia adicional. En el caso de la Capital el entrenamiento de policías metropolitanos en una academia instalada por los Estados Unidos en El Salvador es un puro desatino, ya que la competencia de la Policía Metropolitana está circunscripta a delitos menores. Durante su reciente visita a la Argentina, el vicecanciller Arturo Valenzuela urgió a la flamante ministra de Seguridad, Nilda Garré, a designar miembros de las fuerzas de seguridad argentinas para los cursos de la International Law Enforcement Academy (ILEA) que comenzarían pocos días después. Garré le sugirió que le hiciera llegar la propuesta por escrito y le anticipó que se tomaría el tiempo necesario para estudiarla. La traducción literal de “law enforcement” es aplicación de la ley, y es la expresión usual en inglés para mencionar a las fuerzas policiales y de seguridad, distintas de las Fuerzas Armadas o “the Military”, pero también engloba a jueces y fiscales. El jueves 10, la Cancillería solicitó tanto a Casal como a Montenegro copia de los acuerdos que sus ministerios hubieran firmado con ILEA, los programas de los cursos, los planes de estudio y el listado de sus profesores, y los antecedentes en los que se hubieran basado para asegurar que no contradigan “la Constitución Nacional, la política exterior y la legislación interna argentinas”. Una vez recibidos, los evaluará “a la luz de los distintos instrumentos internacionales firmados por la República, tomando en consideración la responsabilidad primaria que la Cancillería tiene en la materia”. El canciller también citó a los embajadores de El Salvador y de los Estados Unidos y les solicitó la misma información sobre los cursos y los instructores de la escuela policial. Por Estados Unidos recibió el pedido el segundo a cargo, el ministro consejero Jefferson Brown, cuya ocupación anterior fue como Director de Asuntos Multilaterales del Consejo de Seguridad Nacional. Tal vez Timerman obtenga la respuesta que ILEA le negó al escritor estadounidense Wes Enzinna, graduado en estudios latinoamericanos de la Universidad de Berkeley y ganador del premio de periodismo investigativo de la revista The Nation, quien utilizó la ley de libre acceso a la información pública (FOIA) en su intento de conocer a qué se dedica la hermética escuela instalada en El Salvador. En marzo de 2008, el ministerio de Seguridad Interior (Homeland Security) se negó a contestar las preguntas aduciendo que la divulgación de los materiales de estudio en ILEA podría ayudar a eludir la ley y además “las técnicas y procedimientos en cuestión no son bien conocidos por el público”. Creada por el ex presidente Bill Clinton para “combatir el tráfico internacional de drogas, la delincuencia y el terrorismo por medio del fortalecimiento de la cooperación internacional”, ILEA posee instalaciones en Roswell, Nuevo Mexico, en Hungría, Tailandia y Botswana.

Escuadrones de la muerte

La sede centroamericana elegida fue Costa Rica. La organización estadounidense WOLA propuso a un grupo de diputados ticos que plantearan tres requisitos simples y poco radicales: que ILEA fuera transparente e hiciera públicos sus cursos; que garantizara que no participarían militares ni como alumnos ni como instructores, y que constituyera un consejo asesor de la sociedad civil. El gobierno de San José hizo propios esos reclamos y también se negó a conceder la inmunidad a los instructores estadounidenses contra juicios o pedidos de extradición por crímenes de lesa humanidad, tal como hizo la Argentina en 2003 para los ejercicios militares con tropas extranjeras. ILEA rechazó estas condiciones y se mudó a El Salvador, donde tanto la aceptación del gobierno cuanto el rechazo de la oposición fueron incondicionales. Una cuarta parte de sus alumnos son miembros de la Policía Nacional Salvadoreña. En 2007, la oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador implicó a la Policía Nacional en diez asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte, un cargo que también sostiene la Defensora del Pueblo para los Derechos Humanos, Beatrice Carrillo. El informe arzobispal sostiene que una de las víctimas era un niño de ocho años, otra fue torturada antes del disparo final y existe una pauta de “higiene social” y evidencia de motivaciones políticas en esos asesinatos. Un objetivo declarado de ILEA es la promoción del libre comercio y la protección de los intereses económicos de Estados Unidos. La avanzada de ILEA en Sudamérica es una nueva sede inaugurada en Perú, que depende de la de El Salvador. Ni Unasur ni el Consejo de Defensa Sudamericano se han pronunciado sobre esta ostensible tentativa de borrar las fronteras entre Defensa y Seguridad. Un artículo de Wes Enzinna publicado por el North American Congress on Latin America (Nacla), titulado “¿Otra Escuela de las Americas?” afirma que las bandas conocidas como maras, formadas por jóvenes sin posibilidades de expresión política ni avance económico, tienen unos 25.000 miembros y reproducen “los niveles de ultra violencia de los elementos más reaccionarios del Estado salvadoreño”. Agrega que la política de mano dura o tolerancia cero aplicada combina tropas militares con unidades policiales en el patrullaje de las áreas más conflictivas. La primera ley antimaras, de 2003, permitió a la policía considerar sospechosos a todos los jóvenes que tuvieran tatuajes. En 2006 la policía detuvo así a 19.275 personas acusadas de pertenecer a una mara, pero nueve de cada diez fueron liberadas sin cargos, por falta de pruebas, dice Enzinna. Durante la gestión del anterior presidente, el empresario Elías Antonio Saca, del derechista partido Arena, la policía también se destacó en la represión de la protesta social y la supresión de las libertades civiles, agrega. La ley antiterrorista promulada por Saca sobre el modelo de la Patriot Act estadounidense “fue utilizada para arrestar a cualquiera, desde los activistas contra la privatización del agua en Suchitoto hasta los vendedores de CDs y DVDs que violaban los derechos de propiedad intelectual reconocidos en el tratado de libre comercio centroamericano, CAFTA”. La situación no ha mejorado con el reemplazo de Saca por el popular periodista de televisión Mauricio Funes, quien asumió la presidencia hace un año y medio con el apoyo de los ex guerrilleros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Al mismo tiempo que restableció relaciones diplomáticas con Cuba, Funes legalizó la intervención castrense en tareas policiales y encargó al Ejército el control de las cárceles. Su “Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia” contempla la construcción de más cárceles.