La confusión entre asuntos de defensa nacional y de seguridad interior que caracterizó a la dictadura militar fue suprimida en 1988 por la Ley de Defensa, cuando gobernaba Raúl Alfonsín. Esa prohibición fue ratificada en 1992 bajo la presidencia de Carlos Menem cuando se sancionó la Ley de Seguridad Interior, y una vez más en 2001 con la Ley de Inteligencia, que promulgó Fernando de la Rúa. Todas ellas separan en forma taxativa los roles de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad y constituyen la más arraigada política de Estado de la democracia argentina. Quien intentó borronear la línea fue el ex senador Duhalde, pero debió retroceder ante la fuerte reacción que encontró en su propio gabinete. La misma separación rige en Estados Unidos. Fue establecida en 1878, después de la guerra civil, por la ley Posse Comitatus, que a su vez reproduce una ley inglesa de 1411, y prohíbe el uso del Ejército como fuerza de seguridad, salvo en casos especiales autorizados por la Constitución o el Congreso. Pese a esta tradición, el gobierno de los Estados Unidos y grupos políticos marginales dentro de la Argentina pretenden volver a enmarañar ambas funciones y sus fuerzas respectivas. Un ejemplo de ello son las declaraciones de ministros de Defensa de las Américas, en las que los términos defensa y seguridad se usan como sinónimos intercambiables. Ese es también el discurso de Duhalde, asesorado por Miguel Angel Tomanzano y Eduardo Amadeo, quienes fueron secretario de Seguridad y embajador en Estados Unidos.