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La renuncia de Héctor Méndez a la presidencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) indujo a algunos de sus integrantes y a medios afines a responsabilizar al oficialismo de la división. Esas intrusiones son factibles, hasta usuales pero la crisis de la UIA no es producto de movidas ajenas, tiene causas profundas. Arraigan (entre otras variables) en diferencias de intereses entre distintos sectores de la producción. La debilidad de la UIA tributa al sostenimiento de la economía y a la buena posición relativa del oficialismo para las elecciones. Ciertos empresarios concluyen que este Gobierno es mejor que las alternativas posibles. Y hace introspección: la realidad político económica desmintió profecías de sus consultores económicos o sus periodistas dilectos.

La mirada retrospectiva sirve para iluminar: en 2008 este escenario de fragmentación hubiera sido imposible. Era mucha más sólida la unidad de las patronales, conducidas por las agropecuarias. En 2009 sostenían las ínfulas, a la zaga de las grandes empresas mediáticas. Ahora cavilan, porque las profecías y maniobras de sus líderes de antaño hicieron agua.

Antes de entrar en querellas palaciegas, la UIA embistió contra el nombramiento de camaristas laborales. Fieles a su idiosincrasia, desecharon los carriles institucionales, optando por vociferar en radios y diarios. Un blanco preferido de sus diatribas fue la flamante camarista Graciela Craig. Los cargos no aludían a desempeños o denuncias sino a su condición de esposa del diputado Héctor Recalde. La jueza tiene añares de trayectoria tribunalicia, experiencia académica y buena reputación entre sus pares. La portación de parentesco es un modo avieso de descalificación. La Corte Suprema tiene, por primera vez en su historia, dos magistradas en su elenco. Se ocupan con asiduidad de cuestiones de género. Fue estridente el silencio de cortesanos en general y cortesanas en particular frente a un acto discriminatorio y falto de respeto.

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Norberto Oyarbide no es santo de la devoción del cronista (ver nota central) lo que no obsta a que sea un juez de la Nación, con toda su investidura. Las presiones que sufrió el jueves y el viernes exceden el generoso marco de la polémica democrática. Hubo cortes de ruta y amenazas de agresiones para condicionarlo en una indagatoria. En una indagatoria, usted leyó bien.

Nada obsta a que haya movilizaciones cuestionando acciones del Poder Judicial, a que se debata encarnizadamente sobre ellas. Lo que choca es el doble standard de las Asociaciones de Magistrados y de la Corte ante interlocutores distintos. Cuando hay reprobaciones, así sean verbales, del oficialismo la reacción corporativa sube como leche hervida. Se habla de “ataques”, la intransigencia y la unanimidad son regla. La defensa institucional cobró dimensiones operísticas cuando Hebe de Bonafini pronunció un discurso cuestionable en el preludio a un lamentable fallo prooligopólico de la Corte. Cuando las patronales industriales, del campo o sindicatos afines al Grupo A prepean a un juez, la discreción es total.

No es exactamente lo ideal, pero sí una referencia certera sobre lo que hay.