Algo está cambiando en el sistema judicial. Organismos de derechos humanos convertidos en querellantes, fiscales y jueces producen nuevos sentidos sobre lo que sucedió en el país durante el terrorismo de Estado. Uno de esos nuevos sentidos replantea la imagen de la dictadura: en línea con lo que empezó a suceder aisladamente hace años en La Plata, aparece en los alegatos y en las preguntas la expresión “dictadura cívico-militar”. Lo que sigue es un intento de abordar los efectos judiciales de esa resemantización de las palabras. La posibilidad de pensarlas como demanda de segunda generación.

En este proceso que deberá desarrollar la Justicia, hasta ahora se abrieron dos grandes caminos. Uno pone la lupa en el Poder Judicial. El otro, en las empresas.

En el primer caso, las causas parecen estar buscando no sólo a quienes estuvieron a la par de los represores, ejercieron torturas, interrogatorios o visitaron centros clandestinos sino también a quienes omitieron las investigaciones sobre las miles de denuncias de hábeas corpus que llevaban los familiares de las víctimas o abogados, muchos de los cuales terminaron desaparecidos. Uno de los casos paradigmáticos es Mendoza. El equipo de la fiscalía de Omar Palermo analizó unos 400 expedientes de la dictadura, entre ellos 150 hábeas corpus entre los cuales sólo uno fue aceptado por un juez y recién en 1982, con la dictadura debilitada. Esa investigación coronó un largo reclamo de justicia de sobrevivientes y familiares contra los camaristas Otilio Romano y Luis Francisco Miret, este último destituido este año por el Consejo de la Magistratura. El viernes pasado, el juez federal de Mendoza Walter Bento procesó a Romano por 72 hechos y como “partícipe secundario” por haber omitido investigar y haber garantizando la impunidad de los responsables a través del tiempo; procesó a Miret por 19 hechos, entre ellos no investigar denuncias de personas que hasta hoy continúan desaparecidas, pero además por robo y violación de domicilio; lo mismo hizo con el magistrado jubilado Guillermo Petra Recabarren y al ex juez Rolando Evaristo Carrizo lo procesó por 19 hechos.

Las causas sobre la Justicia parecen multiplicarse en todo el país. Al lado de casos más históricos, como los fiscales de la causa de Margarita Belén –Roberto Domingo Mazzoni y Carlos Flores Leyes– acusados de participar en interrogatorios ilegales, amenazar a detenidos y encubrir crímenes de lesa humanidad o el del ex juez Ricardo Lona, en Salta, por la masacre de Palomitas, parece haber una búsqueda sobre los responsables de garantizar la impunidad. No investigar. Archivar las causas de hábeas corpus. Desecharlas. A partir de la búsqueda de los hijos apropiados, se cuestiona a los jueces que blanquearon o intervinieron en la apropiación extendiendo ad etermun la desaparición de esos niños. Hace dos días, Hijos organizó un escrache al camarista Gustavo Mitchell: “Fue una pieza fundamental en el engranaje del robo sistemático de bebés, denunciado por haber entregado un bebé de 20 días apropiado en julio de 1976 al subcomisario Osvaldo Parodi, uno de los que participaron del secuestro de Sara Méndez, la madre de Simón Riquelo”, explicaron.

El otro campo, el intento con las empresas, es más difícil. De momento, la grieta judicial se abre de la mano de las querellas que están obligadas a buscar –para llegar a juicio– datos fácticos para juzgar a los responsables. El caso del Ingenio Ledesma en Jujuy, la Ford y Mercedes-Benz son algunos de los históricos. Pero hay otros. En el distrito de San Martín se elevó a juicio la primera parte de una causa por un grupo de obreros del astillero Astarsa. Pese a que los trabajadores denuncian que muchos de ellos fueron secuestrados directamente desde el interior de la planta, sólo se va a juzgar a responsables militares y no a los todavía supuestos responsables civiles.

Uno de los promotores de este escenario es el propio Estado Nacional. En el expediente sobre Papel Prensa, explica Pablo Barbuto, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ese organismo oficial se encargó de presentar el encuadre: “Si se analiza el comportamiento de los sectores económicos financieros dominantes, frente a los golpes de Estado y ante los gobiernos de facto emergentes de los mismos a partir de 1930, se verifican palmariamente los beneficios que le reportó su imbricación con los poderes de facto. Se constata así que existe una estructura de poder económico-social que de acuerdo a sus necesidades en cada etapa, buscó generar las rupturas del orden constitucional a fin de redefinir el bloque de poder y sus alianzas, realizar correcciones en el modelo económico y asegurar su implementación mediante la exclusión –llegando hasta el aniquilamiento– de las resistencias y oposiciones a sus proyectos, de los cuales los militares fueron portadores concretos”.

En ese espacio también se incluye una investigación promovida por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre sobre José Alfredo Martínez de Hoz, que antes de asumir el Ministerio de Economía fue integrante del directorio de Acindar.

Nueva mirada

Hace dos días se conoció el fallo completo de la sentencia por los crímenes del circuito ABO (Atlético-Banco Olimpo). Durante las largas jornadas del debate, la acusación, en manos de la fiscalía de Alejandro Alagia, intentó producir quiebres en la monótona lógica del sistema penal. Convocó entre los testigos a sociólogos y expertos para poder plantear una mirada distinta. Introdujo la discusión sobre el eje del genocidio. Presentó a las víctimas como militantes políticos. Ahora bien, cuando hacía las preguntas a los testigos, la fiscalía solía usar además la expresión “dictadura cívico-militar”, un modo que en más de una ocasión provocó la mirada perpleja e incómoda de acusadores y defensores. ¿Por qué hablar de dictadura cívico-militar?

“Tratamos de resemantizar el lenguaje procesal –dice Gabriela Sosti, de la fiscalía–. No sólo nos interesaba la condena, sino la explicación de la verdad histórica en otro contexto que no fuera el de la literatura y organismos de derechos humanos, sino en el ámbito del Poder Judicial.” Eso que suele estar puesto en la voz de las querellas, dice Sosti, aparecía de otro modo en voz de la fiscalía, una de las agencias de Poder Judicial. Algunas querellas vienen sosteniendo esa postura hace tiempo, mientras otras creen que aún no es el momento. Ana Oberlin representa a los hermanos Gonçalves en el juicio a Luis Abelardo Patti en San Martín. Cuando leyó el alegato con su compañero Pablo Llonto habló de “dictadura cívico-militar”. Lo había hecho tiempo atrás en Rosario. “Con todo lo que está surgiendo en los juicios, está cada vez más claro que la expresión ‘dictadura militar’ invisibiliza el rol muy importante que tuvieron todos los intereses económicos”. Siempre pensaba en este tipo de cosas, dice Oberlin, que es docente y especialista en derecho penal. “Me acuerdo de que uno de los docentes siempre nos decía en la universidad que el retorno a la formalidad democrática no se recupera sólo con volver a votar sino en cómo hay que nombrar las cosas: mostrar que sólo fueron los militares es un error porque el proceso de impunidad que siguió durante tantos años no se entiende si sólo se trató de una cosa militar.”

Ana María Careaga es sobreviviente del circuito ABO y querellante además en ESMA, donde estuvo secuestrada su madre. “Si bien es un avance incluir la participación civil en la dictadura para no reducir solamente todo a las Fuerzas Armadas –dice–, hay que darle una vuelta más: no sólo hay que hablar de algunos procesos y de las denuncias de quienes estuvieron involucrados en la represión, sino de los grandes empresarios y es necesario profundizar esa veta, incluirlos en un marco del proceso saludable de juzgamiento.”

El fiscal Félix Crous dice que la insistencia por abrir esa perspectiva existe desde hace tiempo. Que en los ochenta aparecieron los primeros señalamientos, por ejemplo, al rol de la prensa. O que el Nunca Más habla de persecución a los obreros. Pero admite que su potencial no se capitalizó por la suerte que corrieron los juicios. “El tema reverdeció, creció y se desarrolló con el tiempo –aclara–, con el trabajo por ejemplo del juez Leopoldo Schiffrin, que fue un pionero marcando rumbos.” Hay rastros desde 1998, con el comienzo de los juicios por la verdad, que abrieron caminos cuando las leyes de impunidad bloquearon a la Justicia. Entre esos hitos también estuvo el trabajo del juez Carlos Rozanski. El año pasado, Crous habló de “dictadura cívico-militar” en el juicio a los jefes de Area, una postura que le generó un incidente con un defensor del represor Olivera Rovere. Ahora dice que anda un paso más adelante: como fiscal del juicio por los crímenes de El Vesubio, no hablará de dictadura militar ni de cívico-militar en los alegatos sino de “dictadura” a secas o de “tiranía” porque así englobaría todas las categorías.

Una de las razones que parecen estar por detrás de estas nuevas búsquedas es el avance en las causas de primera generación: los juicios a los responsables directos y a los ejecutores militares y de las fuerzas de seguridad. Pablo Parenti es coordinador de la Unidad de Investigación fiscal de los juicios de lesa humanidad. Dice que encaminado el primer proceso de justicia –demorado durante más de treinta años–, es posible pensar que las demandas empiezan a ser otras. “Los procesos expanden sus miradas producto del avance y es lógico: no podíamos dejar de juzgar a Astiz, al Tigre Acosta, a Guglielminetti; no podés no juzgar ESMA, ABO. Ahora que eso avanzó, y mientras la prueba se enriquece a través de los nuevos testimonios, empiezan a aparecer sectores no iluminados judicialmente, como el papel de los civiles.” Habrá que ver, ahora, aclara, ¿qué es participación civil? O si eso es material de juicio penal. Ahora bien, ¿para qué sirven estos reclamos? El sociólogo Daniel Feierstein, que está pensando hace tiempo el genocidio, hace unos días dio una pista durante un debate en la Facultad de Derecho. ¿Cuál es la importancia de los juicios?, se preguntó. ¿Qué importa que a este grupo de ancianos les den diez o quince años más de prisión? O volviendo al comienzo: para qué hablar de dictadura cívico-militar. Lo que pasa dentro de la Justicia no sólo tiene que ver con la justicia sino con la producción de la idea de verdad. Si los fallos replantean definiciones, entonces la verdad histórica de este presente podría pensarse distinta. Y la apuesta es no a un cambio en el pasado, entonces, sino el mismo presente.