En 2009, la entonces subsecretaria de Atención Ciudadana, Gladys Esther González, defendió su muy cara remodelación de la Plazoleta Las Madres, en Entre Ríos y Garay, y la repavimentación de tres cuadras de veredas sobre Entre Ríos, con un informe especializado. González ni se molestó en defender haber pagado hasta 300 dólares por tacho de basura instalado, pero presentó a la Defensoría del Pueblo porteño una copia del informe 782 que le había dirigido a la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control. Este informe 782 intentaba justificar que Atención Ciudadana se metiera con pavimentos y arbolados, cosa que corresponde a otras áreas del gobierno porteño, y es un antecedente directo de la lógica con que se crean las Unidades de Atención Ciudadana.

En el informe, González cuenta que “un vecino” no identificado pidió que le arreglaran la plazoleta y las veredas. Como nada “obsta a llevar a cabo aquellas acciones que, a solicitud del vecino, sean necesarias para preservar el interés público”, se decidió planear los trabajos. La entonces subsecretaria cita la Ley 1777, que crea las Comunas porteñas y las faculta a “la planificación, ejecución y control de tareas de mantenimiento del espacio público”.