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La excarcelación del delegado ferroviario Rubén Sobrero, producida en la semana que hoy termina, no reparó todos los daños causados por la mala praxis judicial ni restaura la justicia plena, pero –al menos– acotó una serie de despropósitos y tropelías.

Los cargos en su contra –como apuntó el dictamen del fiscal y reconoció el propio juez– fueron, desde el vamos, inconsistentes. Ni el Pollo Sobrero, ni nadie, está exento de ser investigado. Pero las pesquisas deben realizarse con apego a la Constitución y a las leyes, comenzando por la presunción de inocencia.

La tarea de juzgar no es mecánica ni matemática. Los magistrados deben aplicar un criterio racional (“sana crítica”) para orientar sus sospechas y decisiones. Sopesar los “antecedentes” (desde el punto de vista penal) y la (digamos) “trayectoria” de Sobrero era un paso previo imprescindible antes de acometer contra él.

Sobrero es un gremialista combativo bien conocido, no un depredador del patrimonio público. De nuevo: no es imposible que cambie su forma de obrar de muchos años, aunque sí muy poco factible y, por ende, poco verosímil.

Sobrero fue encarcelado por un lapso deliberadamente largo y mortificante, en base a testigos de cargo poco fiables y acusaciones lábiles. Se reeditó una vieja y pésima costumbre: arrestar justo antes del fin de semana para “tener adentro” al sospechoso durante tres días. De ese modo, se lo presiona y busca amedrentar, sin ningún aporte al debido proceso.

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En la etapa hay muchos sindicalistas y trabajadores estatales o de servicios públicos que, acaso, abusen de las medidas de fuerza. Puede que no ponderen debidamente los derechos del ciudadano-usuario, principal damnificado por paros, cortes o quitas de colaboración. Pero esas medidas opinables no tienen parangón con el estrago doloso o el uso de la violencia. Media un abismo entre el potencial uso exagerado de la acción directa (“protesta social” al fin) y el delito. Ningún juez o fiscal debería confundirlos.

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Las reacciones contra el abuso fueron, en conjunto, razonables aunque hubo argumentaciones que le hacen poco favor a Sobrero. Son aquellas que lo empaquetan como parte de las víctimas de una ofensiva global contra los trabajadores, embolsando un heterogéneo conjunto de situaciones. Sobrero tiene un expediente magramente fundado por cargos inverosímiles, en el que sigue procesado aunque en libertad.

Es una afrenta cotejar esa injusticia con la prisión de José Pedraza, procesado por el asesinato del militante popular Mariano Ferreyra. Hay elementos contundentes contra Pedraza, la causa tramitó con celeridad y rigor inusuales, bien preso está.

Puede ser discutible la pertinencia de la prisión preventiva de Juan José Zanola en la causa de los medicamentos truchos. Pero es innegable que se investiga un delito gravísimo, que hay pruebas rotundas que lo implican, que no hay persecución ni avances atolondrados, sino búsqueda de esclarecimiento.

Es insensato, si no taimado, equiparar a patibularios jerarcas como Pedraza y Zanola a un dirigente de otro signo y conducta.

En otro plano, los pedidos de informes sobre el secretario general de la CGT Hugo Moyano, remitidos por un fiscal suizo, adolecían de muchos defectos formales pero no constituían una persecución tan marcada (y subrayada por la privación de libertad) como la que padeció Sobrero.

Las respuestas de la CGT y la CTA, que el viernes emitieron un significativo comunicado conjunto de apoyo al Gobierno, del Movimiento Evita y de dirigentes como el diputado Martín Sabbatella, demuestran que no hay en derredor del kirchnerismo un verticalismo incondicional. Un dato estimulante y una señal para quienes sólo ven “ultras K” en los apoyos a la gestión oficial.

Fueron infaustas, en cambio, las declaraciones periodísticas del jefe de Gabinete Aníbal Fernández acompañando y avalando las primeras decisiones del juez. Más allá de qué palabras dijo o dejó de decir, un avezado comunicador como el ministro sabe que sus dichos se entendieron (porque eso buscaron comunicar) como un aval al arresto y a su supuesta fundamentación en pruebas. Hubiera sido más deseable que se hubiera mantenido al margen de un obrar judicial pernicioso, que ronda un tópico muy delicado como es el de la no criminalización de la protesta social.