En febrero pasado, el canciller Héctor Timerman presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una denuncia por la “militarización” del Atlántico sur por parte del Reino Unido. Para ello mantuvo una reunión con el presidente del Consejo, Kodjo Menan, y también con los representantes de los dos países latinoamericanos en el organismo, Colombia y Guatemala. Argentina buscó que esos países interpelaran en alguna sesión al representante británico en el Consejo –Gran Bretaña es uno de los cinco miembros permanentes y con poder de veto– para exigirle una respuesta a la denuncia del canciller argentino, aunque no se sabe si eso finalmente ocurrió. Con la decisión tomada por los países latinoamericanos, a partir del 1º de enero podrá ser la propia Argentina la que lleve adelante sus planteos por la situación del archipiélago.