La renuncia de Esteban Righi se está dejando sentir en la Procuración General de la Nación. Su titular interino Santiago González Warcalde decidió no esperar que el Senado tratara el pliego de Daniel Reposo enviado por el Poder Ejecutivo y creó una serie de cargos muy bien remunerados, en los cuales designó a personas de su confianza personal. Con el mismo criterio dispuso ascensos sin tomar en cuenta el escalafón. González Warcalde creó dos cargos de Secretario, con rango y sueldo de camarista, en los que designó a los secretarios letrados Gustavo López Arean y Jaquelina Clemmensen. A López Arean le delegó la representación del Procurador ante organizaciones internacionales. Esos son cargos a los que en una situación normal se llega sorteando difíciles concursos y luego de veinte años de carrera. También engrosó la burocracia con tres secretarios letrados, que perciben la misma remuneración que un juez de primera instancia: Benjamín Fernández Pezzano, Pablo Daniel Eiroa y Claudia Pichetto. Además ascendió tres escalones a Marina Narvaez (de oficial a subsecretaria letrada), de subsecretaria a prosecretaria a Clarisa Federico, y de encargado a supervisor a Omar Antonio Cardoso. Las jefas de despacho Soledad Estrada Bazán y Mariana Barbosa pasarán a ser Prosecretarias. El escribiente Francisco Palma saltó cuatro rangos para ser Prosecretario y la escribiente auxiliar Angeles María Martínez Zuviría, cinco. Cuatro escalones fue la marca del escribiente auxiliar Agustín Moreno para llegar a jefe de despacho. La ausencia de Righi también ha tenido otras consecuencias. González Warcalde cesó al fiscal Sandro Abraldes en la causa por el intento de soborno en beneficio de José Pedraza y los otros dirigentes ferroviarios procesados por el asesinato de Mariano Ferreyra. Abraldes, quien investigó la actuación policial en el caso, era subrogante en la causa conexa por los sobornos, pero Righi le había garantizado la continuidad mientras durara la investigación. El caso será retomado por el juez Luis Osvaldo Rodríguez, quien no mostró decisión por avanzar en estas responsabilidades que involucran a jueces y funcionarios de la Cámara Nacional de Casación Penal. Sin un fiscal activo como Abraldes, el resultado es previsible, pese a la abundante prueba obtenida, como un sobre con el mismo monto de dinero que en varias escuchas telefónicas se mencionó como parte del pago para liberar a Pedraza. Tampoco los juicios por crímenes de lesa humanidad parecen interesar a González Warcalde, quien quitó la facultad de superintendencia al fiscal de la Cámara Federal de Mendoza, Omar Palermo, sobre los fiscales de primera instancia de su jurisdicción, entre ellos las de San Rafael y san Luis, Gloria André y Mónica Spagnolo, que responden al prófugo ex camarista Otilio Romano, quien fue removido en juicio político luego de obstaculizar durante años el avance de las investigaciones. Tanto André como Spagnolo han sido cuestionadas por la misma razón por los organismos defensores de los derechos humanos.