La semana pasada el gobierno centrista de Japón anunció la nacionalización de la tercera productora de electricidad del mundo, Tokyo Electric Power (Tepco), que operaba la planta nuclear de Fukushima Dai-ichi. Con excepciones temporarias durante la última guerra mundial, la industria eléctrica japonesa siempre fue privada y muy competitiva. La alegada motivación para terminar con ese carácter fue el costo descomunal de la importación de hidrocarburos. El gobierno del primer ministro Yoshihiko Noda decidió aumentar en un 10 por ciento las tarifas y está analizando la puesta en funcionamiento de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la más grande del mundo, que resultó dañada por un terremoto hace cinco años. Al mismo tiempo, la jefa de gobierno de Alemania, Angela Merkel, presidió una reunión cumbre con los gobernadores de los dieciséis estados para analizar el estancamiento de los planes para el desarrollo de energías alternativas que respalden el apagón nuclear para 2022 dispuesto luego de la catástrofe en el reactor japonés de Fukushima. Igual que en Japón, las alternativas son altísimas tarifas o subsidio estatal. Una familia tipo recibe una factura mensual equivalente a unos 650 pesos. Los precios de la energía aumentaron tanto, que se señala el comienzo de la desindustrialización del país. Según el programa de Merkel, a mitad de siglo el 80 por ciento de la energía debería provenir de fuentes renovables, sobre todo eólicas y solares. Pero la mayoría de las granjas eólicas asentadas en el mar no están conectadas a la red nacional y no se han construido los gigantescos mástiles necesarios para transportar la energía. Al finalizar la década debería haber dos mil turbinas eólicas en el Mar Báltico y el Mar del Norte, meta improbable a partir de las únicas 52 que hoy están en funcionamiento. Se estima que la inversión necesaria en infraestructura rondaría los 200.000 millones de dólares en la próxima década. El único acuerdo entre Merkel y los gobernadores fue volver a reunirse antes de fin de año. Ni una línea de todo esto fue publicado en la provinciana prensa argentina, demasiado ocupada en denotar la expropiación del 51 por ciento del paquete accionario de YPF.