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Puede ser que el Gobierno haya pensado en evitar un conflicto laboral de proporciones, como el que pueden generar los cinco gremios aeronáuticos, en las semanas previas a las elecciones, más que en querer asumir una política activa en un mercado estratégico para el desarrollo como el aerocomercial. Esa especulación tiene un valor mezquino ante la oportunidad para que el Estado, si bien bastante deshilachado, empiece a recuperar funciones elementales que el fundamentalismo de los ‘90 trató de convencer de que son innecesarias y perjudiciales para la sociedad. Por caso, políticas de intervención, como lo hacen todos los Estados de países desarrollados, en sectores sensibles para el interés general.
El caso Lapa ofrece el atajo para que el Estado vuelva a participar en la regulación y ordenamiento del transporte aerocomercial. Y tener un instrumento para poder ejercer una política aérea de integración territorial y de comunicación regional e internacional. Del mismo modo que los ferrocarriles fueron una herramienta esencial para incorporar pueblos alejados de un país con el corazón y la cabeza económica en Buenos Aires, líneas aéreas públicas también cumplieron esa misma función. Así el marketinero discurso “ramal que para, ramal que cierra”, sumado al proceso irregular de privatización de Aerolíneas Argentina, provocó el desmantelamiento de una red de transporte de integración territorial.
Resulta indispensable en un país con la extensión de Argentina, con los variados accidentes geográficos, con el carácter insular de una provincia, Tierra del Fuego, poseer un servicio aerocomercial estatal para evitar la desconexión de regiones y el alumbramiento de pueblos fantasma. Es muy probable que hoy el Estado no pueda ganar plata administrando una compañía aérea, dada la crisis que aquí y a nivel internacional está padeciendo ese negocio. Pero no hay país que pretenda tener un grado de desarrollo aceptable y de comunicación con el resto del mundo que no defienda su participación en el mercado aéreo. Y, además, no hay país que permita que sus líneas aéreas designadas para ejercer sus derechos de tráfico estén en manos extranjeras en la proporción en que están en este momento.
Que ahora el Estado se haya involucrado en ese sector estratégico por la quiebra de Lapa no implica necesariamente que asuma ese papel que tiene asignado si se limita a resolver un conflicto laboral. Si es así, este proceso de estatización sería una oportunidad perdida en caso de avanzar la “vocación de transitoriedad”, como se dispuso en el decreto, hasta la privatización de esa nueva compañía.