El bloque de Senadores del Frente para la Victoria se metió de lleno ayer en el complejo conflicto jurídico y político que gira en torno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la causa iniciada por el Grupo Clarín para evitar adecuarse a la norma sancionada por amplia mayoría hace tres años. Por un lado, el oficialismo presentó un proyecto de declaración solicitando la intervención de la Corte Suprema para destrabar la crisis en el Consejo de la Magistratura, que tiene bloqueada la elevación de las ternas al Poder Ejecutivo para cubrir la vacante en el Juzgado Civil y Comercial Número 1, el cual debe resolver sobre el fondo de la cuestión. Por el otro, presentó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y reglamentar el recurso de per saltum, lo que habilita el salto de instancias judiciales para llegar a la Corte Suprema.

En sintonía con los planteos realizados por el ministro de Justicia, Julio Alak, el oficialismo cuestionó ayer el “bloqueo” realizado por los representantes de la oposición en el Consejo de la Magistratura, que impiden la remisión al Poder Ejecutivo del concurso 258, destinado a cubrir las vacantes de cinco juzgados del fuero Civil y Comercial. Una vez enviadas las ternas al Ejecutivo, los candidatos son seleccionados y remitidos al Senado para que preste su acuerdo.

“El rol que le ha asignado (al Senado) la Constitución Nacional está siendo permanentemente obstaculizado por absurdas medidas judiciales dilatorias que tienden a impedir la aplicación de leyes sancionadas por este Honorable Congreso de la Nación, abusando ilegalmente de recursos que los códigos de procedimiento otorgan a las partes en el perjuicio de otro poder”, arranca el texto presentado por el presidente del bloque de Senadores del FpV, Miguel Pichetto. La nota, acompañada por todos los miembros de la bancada, le solicita al tribunal que resuelva la situación “de notoria gravedad institucional” cuyas “maniobras injustificadas y arbitrarias” atribuye a un grupo de integrantes del Consejo de la Magistratura”.

Por último, el proyecto que será analizado en comisión pide a la Corte “revisar lo actuado por la Cámara Nacional de Apelaciones” en el procedimiento de selección de jueces subrogantes para cubrir la vacante en ese juzgado y “suspender preventivamente” los efectos de esa decisión. La Cámara había designado mediante un sorteo calificado de “irregular” por el oficialismo al magistrado Raúl Tettamanti, quien renunció ante la amenaza de recusación por parte de Alak. En su lugar la Cámara sorteó a otro juez jubilado, Roberto Torti, también recusado por el Ejecutivo, aunque este magistrado rechazó la recusación.

“Este fuero se encuentra bloqueado. Hacen sorteos por su cuenta, designan a jueces jubilados que se encuentran fuera de cualquier tipo de control y de responsabilidad. Acá hay una ley que no se ha cumplido y se realizan sorteos que no tienen nada que ver con la ley de subrogancia”, denunció Pichetto.

“Los hechos no son ciertos. Los consejeros de su bloque no dan quórum. Esta manera de presionar es totalmente improcedente. Lo que está pasando en el Consejo es muy grave y pone en evidencia que al Poder Ejecutivo le molestan los jueces que ponen límites”, le salió al cruce el senador radical Mario Cimadevilla, integrante del Consejo.

El representante del oficialismo en el Consejo, Marcelo Fuentes, apuntó de lleno en el conflicto político: “Lo que está en juego es saber si esos grupos de poder tienen privilegios en Argentina. Este no es un problema entre Clarín y el Gobierno. Este es un conflicto entre un grupo fáctico de poder y el Estado de Derecho. Este poder fáctico desarrolla maniobras que son escandalosas”, señaló.

Además de la declaración, el oficialismo introdujo un proyecto de ley realizado en base al texto presentado por la presidenta Cristina Fernández cuando era titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en mayo de 2002. Además, se toman como fuente otros proyectos de legisladores de la oposición como Liliana Negre de Alonso y Sonia Escudero. Se trata de la incorporación de los artículos 257 bis y 257 ter al Código Procesal Civil y Comercial, lo que habilita la intervención de la Corte Suprema en causas que no hayan agotado las instancias ordinarias previas que debe atravesar cualquier causa antes de ser abordada por el máximo tribunal.

El recurso se podrá utilizar cuando exista “notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria y que el recurso constituye el único medio eficaz” para proteger el derecho comprometido y así evitar “perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior”. Sólo eran susceptibles de este recurso las sentencias definitivas de primera instancia y “las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos”. “En este caso hay una medida cautelar que obstruye el camino a la cuestión de fondo, tiene que haber un avocamiento de la Corte y tratar el tema y resolverlo. La Corte resolvió en 48 horas el tema del aborto. Yo creo en este tipo de avocamiento, cuando tienen situaciones de gravedad institucional”, completó Pichetto.