El sábado 31 de enero de 2009 es la fecha señalada como de la desaparición de Luciano Arruga, aunque se hubiese ido construyendo bastante antes, digamos desde que el chico cayó dentro de la esfera de control de la Bonaerense, por edad, por geografía y, especialmente, por portación de piel. Ese día, uniformados de la Bonaerense lo levantaron de la calle y, según declaraciones de detenidos, lo trasladaron al destacamento de Lomas del Mirador, el mismo donde había sido torturado en septiembre del año anterior –causa por la que recién cuatro años y medio después fue detenido el oficial principal Julio Diego Torales (ver aparte)–. Nunca más lo vieron.

La investigación por la desaparición de Luciano Arruga en realidad nunca existió. La fiscal 7 de La Matanza, Roxana Castelli, la primera que tomó el caso, abrió un expediente por “averiguación de paradero”, como si se hubiera tratado de una travesura o un enojo del chico, pese a los antecedentes que presentó la familia y la cantidad de pruebas que fueron apareciendo después. Y, simultáneamente, Castelli encargó la búsqueda a los mismos bonaerenses que eran denunciados por la familia. Durante un mes y medio, la fiscal no recibió a Vanesa Orieta y Mónica Alegre, hermana y madre de Luciano Arruga, y jamás modificó el trámite. Es decir, al día de hoy el chico sigue siendo buscado como si, sencillamente, se hubiera perdido. Castelli es la misma fiscal a la que los familiares, junto al CELS y la Comisión Provincial por la Memoria, pidieron en diciembre pasado que sea investigada para iniciarle un jury. Esa misma fecha anunciaron el pedido de cambio de carátula, de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada”.

La causa pasó a la fiscal Nº 1, Cecilia Cejas, y se sumó luego el fiscal Carlos Adrián Arribas, que recién tres años después de la denuncia imprimieron algún movimiento a la investigación. De hecho, la causa conexa por torturas que derivaron en la detención de Torales (ver aparte) fue instruida por ellos. Pero los movimientos no resultaron suficientes. Recién en el último año se realizaron algunas medidas, pero con datos provistos por la familia desde prácticamente el inicio.

En su recorrido, la causa principal tuvo sus paradojas absurdas: luego de que Luciano fuera torturado en septiembre de 2008, ni el chico ni su familia decidieron hacer la denuncia por temor. Pero después de su desaparición, la madre y la hermana de Luciano denunciaron los antecedentes.

La medida que tomó el entonces ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, fue pasar a disponibilidad a los ocho policías denunciados. Para esa fecha, los datos que pudo aportar la familia eran mucho menores que los que se presentaron ocho meses después: ya se contaba con el peritaje de los equipos de perros dispuestos para la investigación, que detectaron rastros de Luciano en el destacamento de Lomas del Mirador; también en el monte Dorrego; al menos en un patrullero. Además, por el sistema de GPS específico de la Bonaerense detectaron patrulleros en el monte Dorrego, que no debían encontrarse en ese lugar por el recorrido que tenían asignado; además de otros patrulleros salidos de su jurisdicción; nunca pudieron justificarse esas irregularidades; como tampoco pudo justificarse la presencia de uniformados fuera de las jurisdicciones donde se debían encontrar.

Pero curiosamente, cuando los abogados de la familia lograron reunir y presentar semejantes datos, Stornelli reincorporó a los disponibles. El propio ex ministro, incluso, presentó una denuncia ante la Justicia en la que aseguraba que la Bonaerense reclutaba jóvenes para robar autos para proveer a desarmaderos, cuando poco tiempo antes había rechazado los planteos de la familia de Luciano, que denunciaba que el chico había sido víctima de la Bonaerense porque se había puesto difícil a su reclutamiento.

En agosto del año pasado, los familiares de Luciano denunciaron que “el viernes 3 de agosto a las 23.30, Mario, de 16 años, hermano de Luciano Arruga, fue perseguido por un auto Duna color champagne, sin patente. Luego se bajaron dos personas, un uniformado y otro de civil, de la Policía Bonaerense, y lo hostigaron. Lo pusieron contra la pared, le hicieron exhibir el celular y le incriminaban un hecho de muerte de un policía en el barrio”.

Dos semanas después, Daniel Scioli recibía a Orieta por primera vez desde que había desaparecido Luciano. Durante el encuentro, Vanesa reclamó tres puntos al gobernador: “Le dijimos que habían pasado tres años y siete meses desde que desapareció mi hermano, para que nos recibiera –contó a Página/12 en aquella oportunidad–. El lamentó no habernos recibido antes. Le dijimos que los ocho policías que acusamos siguen trabajando en diferentes destacamentos y le reclamamos que los destituyera de la policía. También le aclaramos que la causa todavía figura como ‘averiguación de paradero’ y que hace falta que la investigación tenga mayor acompañamiento político. Nadie está buscando a Luciano hoy en día. Le pedimos que, como máximo referente de la política de la provincia, tenga presencia en la causa. Y le dijimos que se respetara la participación de los familiares y amigos en el espacio que habíamos recuperado del ex destacamento, pero que en este momento nos dificultan entrar”.

Del compromiso de Scioli por el momento no se cumplió nada. Los uniformados siguen en funciones; aunque no es resorte directo del gobernador, la causa sigue como averiguación de paradero; la única presencia de Scioli en la causa fue aquella reunión; y en relación con la recuperación del espacio del ex destacamento, incluso están trabadas las medidas de ampliación pedidas para que el Equipo de Antropología Forense analice pruebas en el pequeño terreno que ocupa el local.

Ahora, el CELS, la CPM y la APDH, que acompañan a la familia en el largo itinerario por la verdad, aguardan la prosecución del pedido que presentaron en diciembre pasado: paso a la Justicia federal, pedido de enjuiciamiento a Castelli y que se abandone la “averiguación de paradero” por “desaparición forzada”, una carátula más apropiada a las pruebas y a la historia de la Bonaerense.