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“Lo que dijo el tribunal es que sin la participación de (José) Pedraza el homicidio no se producía”, explica Marcos Kotlik, uno de los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que representa a la querella de la familia de Mariano Ferreyra. Maximiliano Medina, otro de los letrados, remarcó que “la sentencia articula temas centrales de la agenda de derechos humanos”, desde “el derecho de protesta” hasta “el papel de las fuerzas de seguridad”. Están conformes con la sentencia, pero igual anuncian que van a apelar.

Kotlik fue quien, revisando papeles y papeles, logró un hallazgo clave: la cadena de llamados que conectaba a Pedraza con el intento de silenciar al barrabrava Christian Favale, uno de los acusados de disparar, quien no era ferroviario pero aspiraba a un puesto. El tribunal le dio especial valor a ese dato, como a la trama de sobornos a la Cámara de Casación registrada en escuchas, que consideró que daban cuenta también de la responsabilidad del ex líder de la Unión Ferroviaria en el caso. Medina fue en el juicio la principal voz de la mamá del chico asesinado y su alegato fue comentado por el alto contenido de emotividad.

“La decisión del tribunal es un hecho inédito en la Justicia, que nunca había llegado tan lejos en un crimen político. Es la condena a un líder sindical por la muerte de un militante. Se notó que el tribunal comprendió el funcionamiento de un sindicato y tradujo estas cuestiones como algo relevante. Es histórico también que se haya demostrado y condenado a policías por no proteger a los manifestantes”, explica Medina a Página/12. Kotlik destaca que el juez Horacio Días señaló que “hubo dos policías responsables del operativo que convergieron con la burocracia sindical para que se cometiera el asesinato. Como les pusieron una pena de diez años, es probable que ordenen la detención de ellos si queda firme el fallo”.

–Ustedes decían que Pedraza fue instigador pero el tribunal lo consideró cómplice. ¿Cómo lo evalúan?

M. Medina: –Seguimos sosteniendo que Pedraza fue instigador junto con (Juan Carlos) Fernández, que el homicidio fue calificado, y que había un plan criminal con la participación de todos los funcionarios policiales. El tribunal dice que hubo una convocatoria sindical, pero no hubo plan. Nosotros sostenemos el plan criminal entre Favale, Gabriel Sánchez, Jorge González, Pablo Díaz y Salvador Pipito, junto con la participación necesaria de los policías. Vamos a apelar después de que se den a conocer los fundamentos. El tribunal tomó la mayoría de los elementos y valoración de prueba que pusimos en el alegato: el móvil político y económico, el verticalismo en toma de decisiones en la UF, las escuchas y cruces como elementos de prueba, la importancia de la actuación de Pedraza con posterioridad al homicidio, su manejo de la Cooperativa Unión del Mercosur.

M. Kotlik: –Más allá del cambio de calificación, no se modifica la responsabilidad de Pedraza. Esto significa que sin su participación el homicidio no se producía.

–Ustedes pedían una sentencia amplia, ¿se cumplió?

M. M.: –La decisión del tribunal toca temas centrales de la agenda de derechos humanos: el ejercicio del derecho de protesta, rol de las fuerzas de seguridad en el marco de una protesta social, la democracia sindical, el avasallamiento de derechos laborales y pone de manifiesto el papel de la Justicia ante la violación de estos derechos. Ya esto es un montón.

M. K.: –Hubo una investigación eficaz y rápida y un juzgamiento también rápido que contempló todas las aristas, la actuación de este tribunal aportó esta cuestión novedosa de explicar los fundamentos y mencionar el episodio de los sobornos como escandaloso.

–¿Las imputaciones a los policías los dejaron conformes?

M. M.: –No nos cierra el corte de responsabilidad a quienes estaban en la sala de situación en el departamento central de policía; nos llamó la atención, porque probamos que Hugo Lompizano y los demás sabían todo lo que estaba pasando en el lugar de los hechos. Lompizano era responsable de mayor jerarquía y lo condena sólo por incumplimiento de deberes.

–¿Están bien las penas para los jerarcas y la patota?

M. M.: –Estamos en desacuerdo con la calificación del tribunal, que dice que no es homicidio calificado; lo vemos como un homicidio grave porque para nosotros hubo un plan previo y esto tiene una pena más alta. Para el tribunal no se probó ese plan y sólo hubo coautoría entre Favale y Sánchez.

M. K.: –Las penas que pusieron son acordes a la calificación que eligieron. Para ellos hubo homicidio simple con dolo eventual.

–¿Y los sobornos?

M.M.: –Hay procesamientos firmes de Pedraza, Juan José Riquelme (ex agente de la SIDE), Octavio Aráoz de Lamadrid (abogado, ex juez), Luis Ameghino Escobar (ex prosecretario de Casación) y Angel Stafforini (contador de la UF) así que esperamos pronto el juicio oral, pero también apostamos a que se avance a la responsabilidad de los jueces de Casación, como Eduardo Riggi, sobre quienes casi ni se inició investigación.