También asistió a la audiencia más de un centenar de periodistas, una vez que abandonaron la hoja de ruta del Centro de Información Judicial, que indicó como punto de acceso la dirección de una casa de fotocopias frente a los Tribunales. Al frente del centenario edificio se instaló un innecesario vallado que caotizó el tránsito porteño. En su interior, había que salvar una carrera de obstáculos para acceder a la sala de audiencias de la República Independiente del Cuarto Piso, luego de subir y bajar por distintos ascensores, según las indicaciones contradictorias de los sucesivos puestos de seguridad, como si se temiera la aparición al final de un pasillo del piano de Parrilli o de algún paquete sospechoso, envuelto en columnas de opinión de Alberto Fernández. Estos contratiempos menores no dan más que para un comentario risueño sobre la inevitabilidad del error en cualquier labor humana. En síntesis, como diría un editor de La Nación, estuvo todo bueno. Las audiencias implicaron también un ejercicio de participación, ya que diez organizaciones y especialistas ajenos al pleito fueron escuchados por la mayoría de los jueces de la Corte, por más que el esquema adoptado para esas exposiciones haya convertido a los amigos del tribunal en amigos de las partes, un error fácil de corregir en el futuro. Lo objeté en la audiencia del miércoles. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, me respondió al abrir la audiencia del jueves que ese ordenamiento se había dispuesto en una Acordada de abril de este año y que resguardaba la neutralidad de las presentaciones. No es así: en aquel texto se afirmaba que cada amicus curiae debía especificar a favor de cuál de las partes del litigio aportaría argumentos útiles para el tribunal. Esta vez en cambio se obligó a que se subordinaran a esa parte, sin cuyo asentimiento previo no serían admitidos, lo cual es muy distinto. Una confusa directiva emitida para ordenar la audiencia anunció que también se escucharían opiniones independientes, como si las otras no lo fueran, pero no especificó otro criterio que la discrecionalidad de la Corte para aceptarlas, de modo que cupieran en la lista partisanos camuflados, de buena relación con algún juez. Esto es grave en el caso de la ley audiovisual, porque aplana como mera cuestión de partes un debate vital para la formación de la voluntad popular, ignorando que por fuera del expediente hay un país, y dentro de él una Coalición por una Radiodifusión Democrática, que diseñó sus puntos básicos antes de que existiera el actual gobierno, y que intervino en su redacción definitiva. De este modo, contradice el pronunciamiento del propio Lorenzetti contra la judicialización de la política y la politización de la justicia. Un sesgo similar se advirtió en la duodécima pregunta que la Corte formuló al Estado, cuando inquirió por qué, si se deseaba reducir el número de licencias del Grupo Clarín no se lo hizo por decreto, como en 2005 con la suspensión del término de las licencias. La inmediata y precisa respuesta de Graciana Peñafort fue que el objetivo buscado no era reducir el número de licencias del Grupo Clarín sino desconcentrar el mercado, que no es lo mismo.