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Sin tramitar pruebas ni escuchar testimonios, el juez federal Jorge Ballestero archivó la causa por la represión policial de fines de abril contra los trabajadores de Brukman que intentaban volver a ocupar la fábrica para autogestionarla. En ese expediente se debían investigar las responsabilidades del gobierno de Eduardo Duhalde, las fuerzas de seguridad, los servicios de Inteligencia y los jueces que intervinieron.
La cacería policial que dejó decenas de heridos y más de cien detenidos una semana antes de las elecciones presidenciales, se apoyó en las órdenes del juez de instrucción Jorge Rimondi y de los camaristas de la sala VII Abel Bonorino Pero y José Manuel Piombo. Los uniformados repartieron golpes y balas de goma, persiguieron a manifestantes por cuadras y cuadras, y hasta tiraron gases lacrimógenos en la Facultad de Psicología de la UBA. El Gobierno no generó negociaciones ni hizo nada para contener la represión. El jefe de la Policía Federal había recibido once días antes un oficio del juez para hacerse cargo del operativo. Rimondi también había encargado tareas de Inteligencia previas sobre los obreros de la textil.
Ballestero terminó cerrando la causa por sugerencia del fiscal federal Gerardo Di Masi, que consideró que a los jueces ya los investiga el Consejo de la Magistratura y que cualquier otra cosa que se pueda analizar corre por cuenta de la justicia ordinaria. Sin embargo, el fuero federal es el encargado por excelencia de evaluar penalmente a los funcionarios. La Magistratura puede ponderar la conducta de los jueces, pero no tiene facultades para penalizar. Entonces, con el precario criterio de Di Masi y del juez, no queda claro quién juzgará a los responsables. Ballestero es el mismo juez que había cerrado la famosa “causa Meller” –que hace unos días la Cámara Federal le ordenó reabrir y que forma parte de la acusación al supremo Eduardo Moliné O’Connor–, alusiva a la orden de la ex Entel de pagar 400 millones de pesos a esa firma por imprimir guías telefónicas.
La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por abogados del Centro de los Profesionales por los Derechos Humanos de la CTA y de la APDH. Pedían que se investigara a funcionarios, policías y servicios de Inteligencia. Contra los jueces presentaron pedidos de remoción en el Consejo de la Magistratura, que no se mostró demasiado activo al respecto. Las actuaciones están en la Comisión de Acusación, a cargo de Marcelo Stubrin, y no se movieron.
Uno de los detenidos el día de la represión, el periodista y candidato por el Partido de la Revolución Democrática, Miguel Bonasso, apeló el archivo dispuesto por Ballestero. En su presentación le cuestiona que no haya “tomado las mínimas medidas investigativas de rigor”. Dice, además, que una pesquisa en la Magistratura no invalida una judicial y que si consideraba que debía intervenir la justicia ordinaria debió declararse incompetente en lugar de decir que no encontró delito. El abogado Juan Ramos Padilla, de la APDH, responsabilizó al magistrado por la posible “pérdida de elementos probatorios”.