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Los diputados opositores Sergio Massa (Frente Renovador), Julio Cobos (UCR) y Francisco de Narváez (Unión Celeste y Blanco) coincidieron ayer en reclamar a los policías que levantaran el autoacuartelamiento, luego de mantenerse en silencio durante varios días sobre el conflicto que se inició en Córdoba y se propagó a varias provincias del país. “El gran desafío es que haya tranquilidad y paz, que funcionen normalmente las instituciones, que nadie abuse de su posición para exigir un reclamo salarial y que, sobre todas las cosas, todos seamos responsables en este momento particular donde todos debemos poner lo mejor de sí para funcionar bien y enfrentar a los que quieran generar violencia en este contexto”, dijo Massa.

Además remarcó que “el que saquea es un ladrón que comete un delito” e informó que ponía a disposición los móviles locales y “las 4000 cámaras repartidas en los 11 municipios” para que “puedan trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad de la provincia y de la Nación, para transmitir seguridad a la gente”.

Por su parte, De Narváez, mediante su cuenta en la red social Twitter, les pidió “a los policías bonaerenses que reclaman mejoras que mantengan la calma y utilicen métodos pacíficos de protesta”. Además, manifestó: “Queremos que los reclamos se canalicen a través del diálogo, sin cortes de calles y que la protesta policial se efectúe de manera que los efectivos no dejen de prestar el servicio de seguridad a la sociedad”.

En un tono más crítico, Cobos señaló que “tratándose de una fuerza militarizada, no puede realizar este tipo de medidas, dejar de proteger a la ciudadanía, porque es el escudo para nuestra vida, nuestros bienes”. El ex vicepresidente también aseguró que “acá no hay sedición, no saben cómo expresarse ante la posibilidad de tener un poder adquisitivo razonable”. Un comunicado de la UCR reclamó al gobierno nacional que asuma su “responsabilidad” y garantice la “convivencia” ante los saqueos registrados en diversas provincias y los conflictos con las fuerzas de seguridad.

En paralelo, la diputada por el FAP Margarita Stolbizer consideró “legítimo” el reclamo “social y laboral de muchos policías” provinciales, pero advirtió que esa demanda “no puede amparar presiones ni convalidar complicidades con el delito”. El Partido Socialista expresó su “más enérgico repudio a la insubordinación de las fuerzas policiales, que pone en riesgo la paz social y el resguardo de la vida de las personas”.

A contramano, el sector disidente de la CTA que encabeza Pablo Micheli convocó “al resto de las centrales obreras y a todos los sectores populares” a “un paro nacional” para que “obligue al Gobierno” a llamar a una mesa de diálogo ante la situación de “emergencia social” que, consideró, atraviesa el país.