La publicación del nuevo índice urbano de precios al consumidor cierra un ciclo de casi siete años, durante los cuales el gobierno afectó en primer lugar su propia credibilidad. La intervención al Indec devaluó toda palabra pública. Al mentir sobre cuestiones simples que podían verificarse con sólo caminar hasta la esquina, se estimuló la suspicacia sobre cualquier afirmación oficial en asuntos más complejos y difíciles de precisar. Esto no tuvo costo electoral en 2011, porque prevalecieron la adhesión popular a Cristina y el reinicio de un crecimiento vigoroso en el que era posible que los aumentos salariales aún superaran a la inflación. La corrección llega en el peor momento, justo cuando la última corrida contra el peso y la devaluación provocaron un salto inflacionario, que con el enfriamiento económico debido al cepo comercial no es tan simple de compensar en los bolsillos populares. Así suele ocurrir cuando las cosas no se hacen a tiempo, y lo mismo vale para la corrección cambiaria. Esto no atenúa el valor de la decisión de Axel Kicillof y del respaldo con que contó de la organización militante que integra y de CFK. De ese modo pudo lograr lo que sus seis predecesores intentaron en vano. Que la enmienda haya llegado bajo la supervisión del Fondo Monetario y no cuando las universidades nacionales entregaron su drástico informe al entonces ministro Amado Boudou es otro daño colateral de la demora en asumir que la cuestión no se arreglaba con maquillaje y vandalismo. Aun así, más vale tarde que nunca. Otro sinceramiento oportuno fue la designación en el Consejo de la Magistratura del diputado Wado de Pedro y del viceministro de Justicia Julián Alvarez. Dijeron poco, pero preciso: La Cámpora fue demonizada, venimos a buscar consensos. Detrás de la escena ocurrieron cosas no menos significativas. Julián Alvarez se reunió varias veces con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y en términos cordiales acordaron trabajar sobre una agenda común que destrabe el bloqueo que, en sus distintas composiciones, ha paralizado al Consejo. El gobierno nacional admite que la forma en que impulsó los proyectos de reforma judicial no fue la más conveniente y se dispone a explorar otras formas de relación más cooperativas. No es previsible que se reanude el conflicto entre ambos órganos por el manejo del presupuesto del Poder Judicial. Lorenzetti y la vicepresidente de la Corte, Elena Highton, decidieron mostrar reciprocidad tomando juramento a De Pedro y Alvarez. Esta semana se elegirá presidente del Consejo (los candidatos con mayores chances son el académico Manuel Urriza y el juez Mario Fera, ambos ex presidentes del organismo) y a partir de entonces se verá la efectividad del nuevo enfoque, que debería poner en movimiento al Consejo, con el objetivo de cubrir lo antes posible los centenares de vacantes que debilitan a la Justicia, una meta que tampoco debería incomodar a la minoría radical en el Consejo. También permitiría avanzar en algunos expedientes demorados, como el juicio político del juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, Eduardo Riggi, imputado en la causa “Riquelme Juan José y otros s/cohecho”, por complotar con ese agente de la SIDE para impedir la detención de José Pedraza y obtener la libertad de los detenidos por el asesinato del militante obrerista Mariano Ferreyra, según se desprende de las escuchas telefónicas ordenadas por la jueza Susana Wilma López cuando investigaba el crimen de Ferreyra. Esto frustró la maniobra y Pedraza fue condenado por el asesinato a prisión perpetua, igual que los miembros de la patota que le respondía. El ex jefe de la Unión Ferroviaria también está procesado, junto con Riquelme y varios funcionarios judiciales que colaboraban con Riggi, en la causa por cohecho. Además la comisión de Acusación y Disciplina tiene pendiente el tratamiento de las denuncias contra el camarista cordobés Ignacio Vélez Funes, acusado por sus colegas de “trato humillante y discriminación”, y contra la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal, por maltrato laboral, según un sumario instruido por la Cámara Federal de Mendoza.