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En la historia de la Corte Suprema de la Nación una sola mujer juró como ministra. Fue Margarita Argúas y ocupó ese cargo entre 1970 y 1973, durante los gobiernos militares de Roberto Levinston y Alejandro A. Lanusse. Desde la asunción de Kirchner, en reiteradas oportunidades hubo organizaciones no gubernamentales y legisladores de ambos géneros, que le pidieron al Gobierno o presentaron algún proyecto de ley para que haya representación femenina en la Corte –lugar clave de decisiones– señalando a la vez la gran cantidad de juristas con talla y capacidad para hacerlo. El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, por ejemplo, destacó que “las mujeres representamos más del 50 por ciento de la población, pero la Corte no da cuenta de esta realidad” y que “los derechos de las mujeres” están en juego en buena parte de las “causas que resuelve el sistema judicial”. Representantes de casi todas las bancadas del Congreso también advirtieron que la ausencia “de mirada femenina” en el máximo tribunal sesga la interpretación de las leyes. Un proyecto de ley de la diputada Marcela Rodríguez (ARI) argumentó que afecta la calidad del sistema democrático. “Es muy improbable que los varones estén capacitados para representar, interpretar, comprender y defender los intereses de las mujeres”, profundizaba el texto, y citaba las convenciones internacionales que comprometen a la Argentina a garantizar la presencia femenina en cargos públicos en todos los planos.