Lorena Balardini, socióloga, becaria doctoral de Conicet y ex coordinadora del área de investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales, sostiene que “no hay un estudio sistemático sobre todas las vertientes de la legalidad que tuvo la dictadura”. Piensa los Consejos de Guerra, como una de las formas de legalización, como lo fueron las causas fraguadas de la Justicia Civil o los decretos del Poder Ejecutivo. Desde el CELS analizaron el rol del Consejo vinculado con otro eje: los supuestos juicios sumarios y sin ninguna garantía que se hicieron a los detenidos políticos señalados como “imputados subversivos” y que fueron una forma más de impedir el acceso a la Justicia. También trabajaron los efectos de los Consejos en la actualidad, dado que los antecedentes penales permanecen en la historia de las personas y eso les impide continuar con su vida personal y laboral. Frente al campo de análisis que abre el juez Daniel Rafecas, de la intervención de los Consejos para ocultar el homicidio, las lógicas no parecen ser muy distintas. Para Balardini esta intervención también está mostrando que la maquinaria represiva ilegal tenía un límite. “La presencia de un cuerpo genera múltiples marcas burocráticas que podían generar huecos para la maquinaria represiva y es ahí donde la burocracia de la fuerza propia se pone al servicio de esos huecos que no pudieron controlar de otra manera. Este análisis que comienza a hacer Rafecas muestra al mismo tiempo todo lo que nos falta por saber: este aspecto de la presunta legalización de los cuerpos de las víctimas asesinadas es un pendiente que es importante dilucidar pues echa luz sobre la relación entre la legalidad y los circuitos represivos. Yo insisto por eso en la necesidad de contar con un Registro Unificado de Víctimas que reúna toda esta información, dado que estos elementos pueden ser prueba para las causas y a su vez una contribución a un estudio comprensivo del universo de víctimas.” Balardini no está del todo de acuerdo, en cambio, con la idea de creer que la dictadura necesitó crear estos Consejos porque no tenía las garantías de impunidad de parte del sistema judicial. “Realmente no creo que los Consejos de Guerra sean un invento ante la permeabilidad del Poder Judicial, sino una estructura de la Justicia militar interna al servicio de las fuerzas que complementaba la intervención directa e indirecta que realizaron sobre las estructuras de la Justicia civil. Un reaseguro y complemento, frente a los posibles huecos o cabos sueltos, más que una alternativa.”