El martes pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de San Martín comenzó el juicio oral contra seis agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense por las torturas y la muerte de Patricio Barros Cisneros en la Unidad Penitenciaria Nº 46, el 28 de enero de 2012. Ese día Patricio pidió tener en un lugar techado la visita con su novia adolescente embarazada. Luego de negarse e insultarlo, una decena de penitenciarios lo esposaron en un pasillo, le tiraron gas pimienta en la cara, le pegaron patadas y piñas. El disciplinamiento concluyó quince minutos después, con la muerte de Patricio, cuyos familiares son representados por el CELS.

Los agentes penitenciarios obligaron a tres detenidos a firmar un parte según el cual Patricio amenazó al personal y se golpeó la cabeza contra las rejas hasta matarse. Pero la autopsia mostró que tenía más de treinta golpes en el cráneo y el rostro, con hundimiento del globo ocular izquierdo y decenas de lesiones en brazos y piernas, cuando intentaba defenderse. Los testigos directos recién contaron la verdad cuando se les garantizó el traslado a una unidad federal, fuera del alcance de las represalias del SPB. Las investigaciones administrativas del Ministerio de Justicia también desvirtuaron la versión penitenciaria. Pero su titular, el alcalde mayor penitenciario Ricardo Casal, presiona sobre la prensa para que no profundice en el caso y a lo sumo lo presente como un hecho aislado, cuando en realidad se reproduce en todas las unidades. La estructura penitenciaria violenta y con altos niveles de corrupción se combina con la sobrepoblación, las inhumanas condiciones de detención, un servicio de salud colapsado y un sistema de gobernabilidad interno basado en altos índices de violencia entre los detenidos, instigado y administrado por el SPB. Entre 2007 y 2014, durante la gobernación de Scioli, murieron más de 950 personas en las cárceles bonaerenses por homicidios, suicidios y enfermedades agravadas por las condiciones de detención y la falta de atención médica. Según la Procuración General de la Provincia, el 67 por ciento de las causas iniciadas por torturas o apremios ilegales entre 2000 y 2011 fueron archivadas y apenas el 1 por ciento llegó a juicio, dada la reticencia del Poder Judicial por investigar y sancionar las torturas en las cárceles.

En enero de 2013, al cumplirse un año del crimen, Lorena Barros dijo que su hermano Patricio recorrió “casi todas las cárceles de la provincia, pasando frío, hambre, verdugueado y lo peor de todo recibiendo muchos golpes, muchas palizas. Patricio no negociaba con el Servicio, porque para él trabajar para el Servicio era aceptar las cosas aberrantes que el Servicio les hace a los pibes. Patricio prefería que lo tengan de traslado en traslado, prefería no estar cómodo pero nunca iba a trabajar para el Servicio, y así enfrentaba situaciones y episodios que lamentablemente nosotros como familiares de detenidos naturalizamos. Y no está bien naturalizar, porque no es natural que nos llame nuestro familiar y nos diga me molieron a palos y estoy en un buzón tirado, muerto de hambre, muerto de frío. No es natural que los familiares entremos a una visita donde también ingresan niños y se arme una batalla campal y el mismo Servicio te cierre las rejas para que nadie salga, no es natural que a las mujeres para entrar a una visita nos desnuden y nos hagan hacer flexiones. Cuento esto porque quiero que entiendan que no sólo tiene que ver con Patricio y mi familia sino con todas las familias que tienen un familiar detenido, quiero que entiendan que hay que cambiar esto que está pasando. No puede seguir habiendo más muertes y torturas en las cárceles. Hay que empezar a ponerse en la piel de aquel que lo está sufriendo, para que cada pibe que se encuentre detenido pueda estar en mejores condiciones de detención, para que el Poder Judicial dé un mejor trato a los familiares de los detenidos”.