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- Ilustre. El Mercosur sumó ayer otro ciudadano ilustre. Se trata del ex presidente brasileño Joao Goulart, derrocado por un golpe de Estado militar en 1964. Goulart murió en 1976 en Argentina, donde estaba exiliado, y su familia sospecha que fue envenenado en un hecho vinculado a la Operación Cóndor. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, señaló, al anunciar la noticia, que se trataba de un símbolo del “esfuerzo de reconciliación de la memoria y de la historia”, y destacó que Goulart, conocido en Brasil como Jango, dedicó su vida “al fortalecimiento de la democracia” como presidente de Brasil entre 1961 y 1964 y como exiliado en Uruguay y Argentina. Goulart se suma a otros ex presidentes declarados ciudadanos ilustres del Mercosur, como el venezolano Hugo Chávez, el argentino Néstor Kirchner y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

- Conflictos. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su vecino de Guyana, David Granger, se sacaron chispas en la Cumbre del Mercosur. Tal es el conflicto, que los presidentes que integran el bloque acordaron realizar una cumbre extraordinaria en agosto para tratar ese tema. El hecho es que Maduro anunció recientemente la reducción del personal de su embajada en Georgetown y dijo que revisará las relaciones con su vecino porque la petrolera estadounidense Exxon Mobil y Guyana firmaron un contrato de explotación petrolera en una zona marítima que Venezuela considera en disputa. Incluso, Maduro firmó un decreto que establece como venezolanas las aguas frente a la costa del Esequibo, foco del conflicto. Granger consiguió una reunión con la presidenta brasileña antes de la cumbre y acusó a Maduro de violar sus fronteras. Maduro lo acusó de ser agente de la Exxon. Durante la reunión de presidentes, varios abogaron por la solución pacífica de la controversia. Habrá que ver cómo sigue el tema en agosto.

- Empleo. Durante la cumbre, los presidentes del Mercosur firmaron la nueva Declaración Sociolaboral del bloque regional. Se trata de un acuerdo que amplía y actualiza uno anterior de 1994 y se propone fortalecer la “perspectiva de consolidar el empleo y el trabajo decente como elemento direccionador de un proceso de integración regional con equidad y justicia social”, afirmando los “derechos laborales y sociales”. La nueva declaración señala que se revalida este compromiso “con la continuidad del diálogo social y del tripartismo como mecanismo indispensable para generar los consensos necesarios al ejercicio de la gobernabilidad democrática”. El documento incorpora la idea de igualdad de trato entre hombres y mujeres, y el compromiso de los Estados de “eliminar el trabajo forzoso y prevenir y erradicar el trabajo infantil”.

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