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La situación de las subrogancias en la Cámara Federal de Casación Penal desató un huracán interno. El vicepresidente del tribunal, Juan Carlos Gemignani, presentó una denuncia penal contra la presidenta Ana María Figueroa y el subrogante Claudio Marcelo Vázquez, designado por el Consejo de la Magistratura en reemplazo del polémico Luis Cabral. Los acusa de no haber acatado un fallo de la Cámara del fuero Contencioso Administrativo, que suspendió en una medida cautelar el nombramiento de Vázquez por prever que la nueva ley de subrogancias –con la que llegó al cargo– podría ser declarada inconstitucional cuando haya un pronunciamiento sobre el fondo.

La denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Norberto Oyarbide y el fiscal que interviene es Guillermo Marijuán. Gemignani le imputa a Vázquez el delito de usurpación de título y a Figueroa el de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haberlo destituido al recibir una nota que informaba que la Sala I de la Cámara del fuero contencioso disponía suspender la designación del conjuez. La causa fue promovida por Cabral cuando el Consejo decidió dar por terminada su subrogancia de cuatro años en la Casación, y en virtud de la nueva de ley de subrogancias (27.145), promulgada en junio, nombró al conjuez Marcelo Vázquez, de Lomas de Zamora, elegido de una lista de abogados aprobada por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. La ley anterior, derogada, facultaba al propio Poder Judicial a través de las cámaras a nombrar a los suplentes en cargos vacantes, pero la nueva traspasó ese poder al Consejo.

La cámara contenciosa se negó a reponer a Cabral, pero suspendió dos artículos de la nueva ley –que según otros fallos que citó podría ser invalidada– y con ellos la designación de Vázquez. Figueroa les informó la situación a las autoridades del Consejo, que le respondieron en un oficio. “Dijeron que la sentencia no está firme, que la designación de Vázquez está vigente y que es el propio Consejo el que hoy tiene la atribución de designar subrogantes, de manera que la Casación no lo puede hacer”, señaló Figueroa a Página/12. “El fallo del Contencioso suspende los dos primero artículos de la ley nueva por 180 días, pero no el que da por derogada la ley y decreto anteriores, que establecían que eran las cámaras las que designaban. Ahora se pretende reimplantar un sistema derogado para un caso concreto”, advirtió la jueza.

En Casación, hay posiciones encontradas. Más allá de la denuncia penal, dos jueces (Liliana Catucci y Eduardo Riggi) habrían cuestionado a Figueroa en un escrito. La situación de Vázquez es complicada para tomar decisiones ante tanta controversia, y más aún en los expedientes de gran repercusión en que le tocaría intervenir, como el que discute la constitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán.